El Pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Sí se Puede para la construcción de un refugio pesquero en la zona del faro, al objeto de dar cabida tanto a los pescadores del municipio como para resguardar a las embarcaciones de paso ante cualquier situación de emergencia, un acuerdo que sin embargo choca frontalmente con el criterio de la Dirección General de Costas, según afirmó el propio alcalde, el socialista Luis Román Torres, y el portavoz de la oposición y exregidor municipal, el nacionalista Gregorio Alonso.
El concejal de Sí se Puede, Eduardo Pérez, expuso que “es preciso contar con unas instalaciones aptas que permitan el adecuado desarrollo de la actividad pesquera en condiciones socioeconómicas dignas y también de seguridad en las labores de embarque y desembarque a los profesionales del sector”, ya que en la actualidad “los pescadores en condiciones meteorológicas adversas no tienen ningún tipo de protección frente al mar”.
Pérez subrayó que el pueblo de Fuencaliente “tiene una importante tradición marinera por su vinculación al mar y a las actividades pesqueras, es el municipio de la isla con mayor longitud de costa, y desde el año 2001 se encuentra ubicada en nuestro municipio la mayor parte de la Reserva Marina de La Palma”, por lo que se dan las condiciones necesarias “para la protección e impulso esta profesión”.
Por su parte, Gregorio Alonso explicó que tanto durante sus años de gobierno, incluso antes, “hubo inquietud por hacer un puerto pesquero”, que inicialmente se planteó en la zona conocida por “punta de Malpique”, existiendo un anteproyecto “bastante completo” de la Dirección General de Puertos. Sin embargo, la alta protección de este espacio, tanto por la declaración de la Reserva Marina como de la zona especial de conservación, “hizo que allí no se pudiera hacer nada”.
Ante tal contratiempo, se apostó por otra estrategia para atender la reclamación de los pescadores: “Se acordó con el Cabildo hacer una actuación en la zona del faro”, explicó Alonso, “poner una grúa para las embarcaciones y asfaltar el acceso que ahora es de tierra, pero Costas se negó”.
Se llegó entonces al acuerdo “de solicitar a Costas que delegara al Gobierno de Canarias las competencias en ese tramo del litoral, teniendo en cuenta el valor histórico del pequeño refugio que existe en el Faro, un embarcadero de principios del siglo pasado. En eso se quedó hasta las elecciones municipales” de 2015, apuntó el portavoz de Coalición Canaria.