El único parquin subterráneo de Los Llanos de Aridane, ubicado en los bajos de la plaza Juan Pablo II, no ha pagado la licencia de apertura tras unos siete años abierto al público, una situación imputable directamente al ayuntamiento después de que no haya sido capaz de clarificar la cuantía que la empresa adjudicataria debe abonar por ese concepto.
El ayuntamiento realizó hace más de un lustro una liquidación para dar la licencia, por un importe superior a los 80.000 euros, al ser imputados tanto los espacios que utiliza como aparcamientos como las zonas comunes. El empresario se opuso a la petición municipal, presentando una alegación en la que expone que a su juicio tan solo deben imputarse en esta autorización las áreas que se explotan, es decir, las plazas de estacionamiento, tal y como se producen en otros municipios, lo que rebajaría la cuantía a abonar de forma significativa: a unos 20.000 euros aproximadamente.
Los diferentes grupos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento durante este tiempo no han sido capaces, por motivos que se desconocen, de dar agilidad para la culminación del expediente, en manos, a su vez, de los técnicos municipales. Y eso, pese a que el empresario implicado ha reiterado en diferentes ocasiones y por escrito la necesidad de atender su reclamación. Eso sí, esa alegación provocó que el ayuntamiento decidiera frenar el cobro de la tasa, una decisión que técnicamente es cuestionable.
Izquierda Unida Canaria (IUC) preguntó en el último pleno por la situación de esta concesión, después de llevar un tiempo analizando la documentación sobre la misma, y darse cuenta que la empresa adjudicataria del parquin tampoco estaba pagando el canon que se estableció para la explotación de un suelo público: más de 38.700 euros anuales, tal y como EL DÍA informó en su edición del pasado domingo. Desde el grupo de gobierno se advirtió de que se iba a analizar toda la documentación sobre el procedimiento que llevó a la apertura del subterráneo para establecer los pagos que están pendientes. El ayuntamiento solo podrá reclamar por los últimos cinco años.
Cientos de expedientes estaban paralizados
La alegación de la empresa propietaria del parquin subterráneo de Los Llanos de Aridane tan solo era una, aunque quizás sí la más importante, de cientos de reclamaciones presentadas por los vecinos a lo largo de los años y que al inicio de la pasada legislatura se acumulaban en los cajones del ayuntamiento. Algunas incluso, la mayoría, se referían a cuestiones relativamente sencillas sobre la propiedad de vehículos, facturas de agua de abasto con las que el usuario no estaba de acuerdo, cobros de IBI... Quejas sin respuesta que se ponían unas sobre otras. El grupo de gobierno entrante (PP-PSOE) decidió en aquel momento contratar a una abogada que todavía hoy se dedica durante gran parte de su jornada laboral a este tipo de cuestiones, además de la llegada por esas mismas fechas de un interventor. El refuerzo técnico permitió atender una parte importante del trabajo acumulado, aunque, eso sí, el parquin fue de los temas sin sacar adelante y todavía hoy sigue sin resolverse. Y no han sido solo expedientes de reclamación. Al contrario, durante los últimos años el ayuntamiento ha tenido que regularizar contratos que se adjudicaron en su momento sin tener en cuenta la transparencia debida. Desde el servicio de grúa hasta la asesoría laboral del ayuntamiento. Hasta la adjudicación del socorrismo en las playas de Puerto de Naos y Charco Verde fue realizada a dedo a Cruz Roja por 70.000 euros al año, a pesar de haber tenido que salir a concurso por la cuantía de la concesión.