El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha solicitado al juzgado de la capital que frene la venta de una casona ubicada en el barrio de San Sebastián que se compró con fondos públicos en 2003 para la creación de la Casa del Tabaco, pero que cuenta con doble escritura al haber sido registrada también por un vecino.
Mientras el juzgado determina a quién pertenece la edificación, aunque la corporación local no tiene dudas sobre la propiedad, un particular ha puesto a vender el inmueble, con diez habitaciones, en un conocido portal inmobiliario por una cantidad de 447.800 euros. "Se vende casa canaria de 1950 a reformar con 685 metros cuadrados de parcela. Nos gustaría también encontrar un socio inversor capitalista para crear un hotel en la propiedad. Nosotros pondríamos la propiedad y el socio capitalista la inversión necesaria para reformarla y crear el hotel", dice el anunció, que sitúa la playa "a unos cincuenta metros", aunque en realidad no se encuentra, ni mucho menos, tan cerca.
A propósito, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Víctor Francisco, abogado de profesión, manifestó a esta redacción que "vimos hace unos días el cartel de venta en la casona y lo que hemos pedido es que desde el juzgado se ponga una anotación preventiva en el registro de la propiedad para que no puedan haber transmisiones, al objeto de que no puedan haber terceros de buena fe que compren en esa finca, hasta que se resuelva el pleito judicial que hay por medio".
La vivienda llegó al particular que reclama la propiedad después de una ejecución hipotecaria, en la que, según diferentes fuentes, actuó como prestamista y cambió la cerradura para que el personal o representantes municipales no pudiera acceder a su interior, y afecta también a la parcela donde el ayuntamiento inició la construcción de un jardín de indias (pensaba destinar el inmueble al Centro de Interpretación La Palma-América), para lo que recibió una subvención de 96.000 euros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias que, a la postre, se ha perdido.
"Hay una doble inmatriculación sobre un mismo inmueble, una doble escritura, y el ayuntamiento va a defender sus derechos", es decir, "que es municipal", sostuvo Víctor Francisco, consciente además de la inversión municipal para su adquisición. "Lo primero es evitar que se venda a una tercera persona con una documentación que los juzgados pueden acabar anulando y, con ello, el comprador se vea gravemente perjudicado", sentenció.