La Audiencia Provincial ha absuelto a los tres propietarios de una planta de áridos que operó entre los años 2000 y 2009 en el barranco de La Galga, en el municipio de Puntallana, y para los que el Ministerio Fiscal pedía cinco años de prisión por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El fiscal fundamentó su acusación en que se trataba de una actividad "clandestina y no autorizada", incluso "con quebrantamiento de los precintos, órdenes expresas administrativas de corrección y suspensión", que a su juicio ocasionaron efectos perjudiciales para la conservación del hábitat natural incluido en el Espacio Protegido de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (Sabinar de La Galga), así como a especies amenazadas.
Destaca el fiscal la afección sobre el paisaje, "sometido a un deterioro continuo".
Sin embargo, de los informes periciales que se aportaron a las actuaciones en ningún momento quedó acreditado que existía un riesgo grave para los sistemas naturales.
A los acusados, defendidos por los abogados Blasco Lugo, Indalecio Pérez e Irma Rivero, se les imputaba el haber causado en la zona una enorme explanada con desmonte del barranco, pero en la causa se demostró, a juicio de la Sala, que los responsables de la planta se dedicaron al tratamiento de áridos, sin que conste que esa labor causara daños.