Los partidos políticos Izquierda Unida Canaria, Nueva Canarias, Podemos y Sí se Puede, además de los sindicatos Intersindical Canaria y Comisiones Obreras, y el colectivo Ben Magec-Ecologistas en Acción, a los que se han unido particulares, han creado una plataforma que nace ante la preocupación de que las modificaciones legislativas en materia urbanística favorezcan un desarrollo turístico en la Isla que sea agresivo e incompatible con un territorio sostenible, declarado Reserva de la Biosfera.
Este colectivo teme el "vaciado de competencia de la Cotmac", dejando en manos de los ayuntamientos la última palabra sobre todo lo que corresponda al planeamiento del territorio; además de "la colonización" del suelo rústico con la construcción de instalaciones hoteleras y extrahoteleras en lugar de potenciar el valor de estos espacios en sí mismos, para favorecer su uso por los sectores primarios y secundarios.
La plataforma, denominada "La Palma, territorio sostenible", rechaza que se apueste por políticas "que han resultado fallidas" en otros lugares, con un modelo de "construcción y turismo" que durante un par de años "se piensa que puede dar ocupación a mucha mano de obra", pero que a largo plazo "hemos visto las graves consecuencias que acarrea para la sociedad, como ha ocurrido con la crisis inmobiliaria y económica".
Apuestan por otro tipo de alternativas para generar empleo: las producciones locales, la autosuficiencia energética, pequeñas industrias de transformación, apuesta por un turismo fundamentalmente rural...
En la presentación de la plataforma participaron, además de representantes de los partidos y sindicatos que la constituyen, Santiago Pérez, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, redactor también de una denuncia a la Comisión Europea contra la Ley de las Islas Verdes; y Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y exdirector general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible.
Santiago Pérez manifestó que "no había visto nunca una ofensiva de los sectores empresariales más agresiva y a la vez una debilidad tan grande de nuestro sistema institucional como la que refleja este paquete de leyes de la que la avanzadilla es la Ley de las Islas Verdes, que va a afectar claramente a La Palma".
Por su parte, Faustino García señaló que "ha habido una tramitación violenta desde el punto de vista parlamentario para conseguir por encima de todo que se haga lo que sea donde sea", haciendo hincapié en que "esa responsabilidad de daños irreversibles sobre el paisaje, sobre el suelo productivo de la Isla, con poco peso sobre el empleo y la riqueza de la Isla, nos tiene preocupados a todos".