El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón González, ha emitido una providencia con fecha 13 de octubre de 2016, a la que ha tenido acceso EL DÍA, en la que mandata al Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma que practique una anotación de apertura de juicio oral y petición de la demolición del edificio Balcón del Puerto, ubicado en la avenida El Emigrante número 10 de El Puerto de Tazacorte, propiedad de la mercantil Rentur Renta Urbana.
La decisión del juez se produce al atender una petición elevada el pasado 3 de octubre por el fiscal Francisco Vidal, que advierte de que el auto de juicio oral sobre esta causa se dictó con fecha 26 de mayo de 2016, entendiendo, como así determina el juez, de la necesidad de dejar constancia del mismo mediante la anotación correspondiente, "atendiendo a la situación procesal y conflictividad urbanística que recae sobre el referido inmueble", conocido como edificio de Los Tarajales.
Esta anotación que ordena el magistrado impide, o al menos reduce de forma considerable el interés que cualquier empresa o particular pueda tener por adquirir alguno de los 24 apartamentos de lujo, garajes y locales comerciales que conformar el edificio Balcón del Puerto y que Rentur Renta Urbana tiene a la venta, ya que se trataría de una operación de alto riego. El inmueble, construido hace unos siete años, está afectado por la Ley de Costas y algunos de las viviendas están vendidas.
En la providencia, el juez subraya además que no cabe la apertura de pieza separada de responsabilidad civil, "dado que su cantidad resta por determinar en ejecución de sentencia". Se refiere al dinero que los responsables que en su caso se determinen tendrán que abonar por el coste de demolición del inmueble, si es que esta situación se produce, y las posibles indemnizaciones.
No debe sorprender que el magistrado, que ha dado un impulso a esta causa desde su llegada al juzgado aridanense, y el fiscal coincidan en la necesidad de registrar la situación del inmueble, ya que hace ahora cuatro años la fiscal de la Audiencia Provincial para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, Inmaculada Violán González, afirmaba en un informe remitido al propio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane que "el horizonte urbanístico" de este edificio "no es otro que la demolición".
Por permitir esta construcción en los dominios de Costas, la Fiscalía Provincial ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal contra el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez; los exediles del gobierno bagañete de hace una década, Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, todos de Unión Bagañeta-Coalición Canaria; y el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito.