El propietario de la finca La Nao, Javier Carrillo Kabana, se desvinculó en declaraciones ante el juez de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón González, del pelotazo urbanístico tras la reclasificación de este terreno en la costa de Tazacorte, que pasó de tener un valor de 400.000 euros a ser vendida por 2,2 millones de euros.

Sobre este suelo pesa una sentencia del Tribunal Supremo, que deja clara la existencia de un "desvío de poder" para urbanizarlo, con el objetivo de beneficiar a un particular, por parte del arquitecto municipal (Rosendo Luis Brito), investigado desde el principio de la causa junto al alcalde bagañete, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC); y con su padre (Rosendo Luis Cáceres) como intermediario.

Javier Carrillo, propietario de la finca en el momento de su venta, declaró ante el juez, en calidad de investigado, que las negociaciones para la operación de compraventa de La Nao "las llevó Rosendo Luis Cáceres", su apoderado en explotaciones agrícolas desde 1982 y hombre reconocido en la Isla por su vinculación al agua de riego. "Yo deposité en él la confianza para que hiciera las gestiones oportunas", resaltó. Por esa operación "no me pidió ni le ofrecí ningún beneficio".

Carrillo insistió en que "nunca me puse en contacto con ningún comprador. Rosendo (padre) me dijo que había varias ofertas y que la mejor era la presentada por Estatecnic", que al final la compró. Sostuvo incluso que "no fijé el precio" para la venta de la finca, a pesar de ser de su propiedad, sino que "acepté el que Rosendo me dijo que era el correcto".

Javier Carrillo, que trabaja en Madrid de médico desde 1966, no recordaba cómo le ingresaron los 2,2 millones, un olvido que sorprendió al propio juez, que le preguntó si era habitual que recibiera ingresos de esa cuantía por sus negocios, a lo que el investigado dijo que no. Afirmó además que el dinero de la venta de La Nao se utilizó para la compra de una finca en El Remo, "de mayores dimensiones, tiene invernaderos y es más rentable", una operación en la que también participó Rosendo Luis Cáceres adquiriendo "un tercio" de la misma.

Quien fuera dueño de La Nao dejó claro que no tiene amistad con el alcalde de Tazacorte: "no lo conozco y ni recuerdo haber estado con él", mientras que al arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, "lo he visto un par de veces y de forma ocasional". Hizo especial hincapié en que "mi interés siempre fue la actividad agrícola", desvinculándose ante el magistrado de cualquier actividad inmobiliaria que se pudiera estar gestando con La Nao.

El juez también cuestionó a Carrillo por si tenía conocimiento de que su finca no tenía cargas urbanísticas del ayuntamiento. Respondió que lo desconocía y que lo único que pidió a la corporación bagañeta fue "una mejora de la recalificación".

El investigado se negó a responder a las preguntas de los abogados de la acusación, Santiago Milans por César Gil y Alfonso Castresana por Inversiones Insulares.