El Gobierno de España autorizará el referéndum sobre cuál es el mejor balneario para la Fuente Santa siempre que el Ayuntamiento de Fuencaliente demuestre que el manantial es de competencia exclusivamente municipal, según aseguraron a EL DÍA fuentes autorizadas de la administración central, una condición indispensable e innegociable que parece compleja de resolver.
La competencia sobre la Fuente Santa es un galimatías. Nadie duda del indiscutible interés que para los fuencalenteros y, por ende, para todos los palmeros tiene el futuro de la Fuente Santa. Ahora bien, técnicamente el ayuntamiento sureño lo único que posee en su propiedad es una concesión del Consejo Insular de Aguas para aprovechar el manantial, que encima fue anulada cuando las aguas se declararon minero medicinales y pasaron a depender de la Consejería de Industria, que asumió las competencias y se encuentra tramitando una nueva concesión a la corporación municipal, recurrida, por cierto, por Termalismo La Palma. Pero, además, el Consejo Insular de Aguas sigue gestionando la galería, ya que es el titular del proyecto de investigación.
Las mismas fuentes informaron de que la petición de referéndum debe ser presentada por el ayuntamiento a la Secretaría de Estado de Administración Públicas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), con un oficio del alcalde que recoja el acuerdo plenario con las preguntas exactas que se pretenden plantear a los vecinos. En un plazo máximo de cuatro meses y medio "se conocerá la resolución final del Consejo de Ministros".
La solicitud municipal se resolverá en base al artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Las consultas populares municipales requieren la necesaria aprobación por mayoría absoluta de la consulta por el pleno (como ha ocurrido), la previa autorización del Gobierno de España (no el Congreso de los Diputados como, para el "referéndum consultivo", como establece el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980) y el cumplimiento de varios condicionantes: que el objeto de la consulta sea de competencia propia municipal, que sea de especial relevancia para los intereses de los vecinos y que no se refiera a la Hacienda local.
En aguas, se fija como competencias propia del ayuntamiento, conforme a la reciente Ley 39/20015 que entró en vigor el pasado día 2 de octubre y que regula este procedimiento, tan solo el abastecimiento público.
Desde la administración estatal se hace especial hincapié en que el órgano encargado de emitir la autorización para el referéndum, solicitará, en caso de duda, informes a todas las instituciones implicadas para conocer si la consulta afecta a competencias que no sean municipales. "El objetivo es que ninguna administración pueda preguntar a los ciudadanos por un recurso que no le pertenece en parte o en su totalidad. El caso de la Fuente Santa tiene su complejidad", sentencian.
La propuesta de acuerdo se eleva al Consejo de Gobierno, que, en último caso, es el encargado de resolverla.
No existe un plazo específico fijado en la Ley 7/1985 para que el Gobierno apruebe o no un referéndum, aunque de forma supletoria hay que aplicar el artículo 21 de la Ley 39/2015, que dice que el plazo para resolver es de tres meses "que se suelen cumplir", señalan las mismas fuentes, aunque dependiendo de la envergadura del tema a tratar "se puede alargar un mes y medio".
Es decir, en cuatro meses y medio como máximo Fuencaliente tendrá una respuesta definitiva. En un sentido u en otro.
Consultas variopintas
El Gobierno de España ha autorizado referéndum de lo más variopintos: la fecha de celebración de unas fiestas patronales, la urbanización de una playa virgen (en Palamós, en 1994) o la apertura de una cantera (en Neiza, Navarra en 2005) han sido algunas de ellos. Una información del diario El País de 2014 aseguraba que el Gobierno había autorizado hasta aquella fecha 35 consultas en democracia, casi todas municipales, de las 101 sobre las que se había pronunciado. 68 fueron rechazadas por superar las competencias municipales: un transporte que afecta a toda una comarca, el trazado de una autopista, temas hidráulicos..., mientras que otras 29 más se quedaron atascadas en el camino de su tramitación.