Los ayuntamientos de la Isla tienen hasta este jueves, día 27 de octubre, para comunicar al Cabildo de La Palma si participan o no en el proyecto insular de eficiencia energética, una iniciativa que se traduce en la gestión externa de este servicio por un período de siete años.

El Cabildo lleva inmerso en este programa desde el año 2013, pero ha tenido que ir modificando las condiciones de la privatización para convencer a las corporaciones locales.

El proyecto originariamente era por 20 años (luego fue de 15), con un coste de 30 millones de euros. Ahora, sin embargo, el ofrecimiento de gestión externa del servicio es por 7 años, con un presupuesto de 12 millones. Tres de los 14 ayuntamientos ya han contestado de forma favorable al proyecto, mientras que el resto han convocado comisiones o incluso plenos (Los Llanos de Aridane el mismo jueves por la tarde) para decidir si la gestión sigue siendo municipal o la ceden al Cabildo para que, a su vez, haga una concesión tras concurso público.

La idea de la institución insular es que una empresa especializada (apostó por Philips en el comienzo de este proyecto) asuma el alumbrado de toda la Isla, unificando la gestión del suministro, mantenimiento y reposición de la red y de 92 edificios.

El adjudicatario se comprometería a realizar, aunque aún están por clarificar los pliegos del concurso, una mejora en la red valorada en 9,8 millones de euros, con la sustitución de las luminarias y los equipos auxiliares por la ultima tecnología en el mercado. Ese dinero se obtendría, siempre que la empresa así lo entendiera necesario, de un préstamo en condiciones ventajosas de 12 millones de euros que el Cabildo negocia con Deutsche Bank, que debe concretar esta misma semana, y del que también pagaría los 800.000 euros que costó la auditoria energética que contrató a una entidad externa.

Con esa inversión se mejoraría, al menos es lo que se "vende", la calidad lumínica y se reduciría las emisiones de CO2.

A cambio de estas acciones, la empresaria obtendría 600.000 euros anuales (4,2 millones en siete años) procedentes de fondos públicos, en concreto del Cabildo de La Palma y, además, suyo sería todo el ahorro energético que se produzca al usar lámparas de bajo consumo. Los ayuntamientos seguirán pagando durante los próximos siete años la misma cantidad por el suministro eléctrico que ahora abonan a Endesa, además de los gastos de mantenimiento que recogen en sus presupuestos. Los cálculos se harán partiendo de la última factura antes de la adjudicación del servicio.

¿Qué gana la Isla? Dentro de siete años contaría con infraestructuras eléctricas modernas y, además, se entiende que el servicio mejoraría al depender de una empresa especializada. Otra cosa será comprobar cómo actuará el adjudicatario para obtener los mayores beneficios.

El debate radica en que si los ayuntamientos por sí mismos serían o no capaces de cambiar todas las luminarias y mejorar la red si recibieran esos 4,2 millones del Cabildo de La Palma en los próximos siete años, aprovechando además las subvenciones existentes para esta materia, con una apuesta inmediata por lámparas LED para beneficiarse de la reducción en la factura sin tener que recurrir a una empresa externa. En este caso, Puntagorda y Tijarafe han tomado claramente la delantera al resto de municipios. Ambos ayuntamientos han demostrado su capacidad para al menos apostar por LED, con un ahorro en el gasto energético. Son el ejemplo a seguir.

Izquierda Unida rechaza abiertamente el proyecto

Izquierda Unida es el único partido que desde el principio se ha posicionado en contra del proyecto del Cabildo para dejar en manos privadas la gestión del alumbrado público. A propósito, su responsable de Comunicación, Felipe Ramos, además de portavoz de su formación en Los Llanos, señaló ayer a EL DÍA que "estamos en contra del modelo de gestión que plantea el Cabildo, que al final es sacar un concurso para privatizar un servicio que actualmente los ayuntamientos gestionan con personal propio y, en ocasiones, con empresas a las que recurren, como técnicos instaladores. Con lo que no estamos de acuerdo es con ceder la competencia durante siete años para que una empresa privada gane con el alumbrado". Ramos hizo hincapié en que "la mejora que este modelo supone, la pueden afrontar con fondos propios los ayuntamientos, sobre todo si reciben 600.000 euros anuales del Cabildo. Y no hay que irnos muy lejos para comprobarlo: están los casos de Puntagorda y Tijarafe. El negocio para los vecinos y para las instituciones parece que no es, parece que será para la adjudicataria".