El Cabildo de La Palma ha aprobado una propuesta del Partido Popular, con enmiendas del grupo de gobierno (Partido Socialista-Coalición Canaria), para solicitar al Parlamento de Canarias la exclusión del paisaje protegido de El Remo el núcleo urbano de 290 viviendas ubicado en esta zona costera.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los vecinos que puedan obtener las autorizaciones necesarias para realizar actuaciones de reforma en sus propias viviendas o terrazas anexas, al encontrarse en espacio protegido. Se trata de inmuebles que, como explicó el proponente de la moción, Carlos Cabrera, presentan gran heterogeneidad interna, con construcciones de muy diversa tipología (varias plantas o una sola, en bloque -enfoscado o sin enfoscar- o en materiales menos resistentes, con tejado plano o a dos aguas), muy ceñidas al borde litoral.
Es un núcleo que no se ve afectado por la Ley de Costas al estar consolidado con anterioridad a su aprobación, en 1988. Pese a ello, su desclasificación, en caso de que se produzca, como espacio protegido obliga a la urbanización de la zona, con todos los servicios correspondientes.
Carlos Cabrera defendió que aunque este núcleo de población se encuentra dentro de un espacio protegido, "no lo está en la Red Natura 2000", lo que a su juicio facilita su modificación territorial. Incluso apostó por la posibilidad de que el Parlamento de Canarias incluyera esta desprotección "en cualquiera de las leyes que está tramitando". Aclaró además que el espacio protegido de El Remo está formado por 182,9 hectáreas y que su núcleo poblacional apenas representaba el 3,04% de esa superficie, con unos 55.000 metros cuadrados.
El consejero del grupo mixto (Podemos), Dailos González, se mostró contrario a la iniciativa popular, al entender que esta propuesta podría abrir la posibilidad a otro tipo de actuaciones en la zona que se dejaría de proteger. Además, "no sabemos hasta qué punto" esta desclasificación "soluciona los problemas que tienen los vecinos" para actuar en sus viviendas. Es más, manifestó que en caso de que este núcleo no fuera espacio protegido estaría en una situación "similar a La Bombilla" por la Ley de Costas, aunque en realidad son casos totalmente diferentes al estar El Remo libre de cualquier derribo.
Desde el gobierno insular se fue un poco más lejos. El presidente, Anselmo Pestana, considera que por la vía expuesta en la moción podrían existir "problemas legales" para que el núcleo de viviendas fuera desprotegido. Tiene claro que El Remo "nunca tuvo las características y valores que motivaron esa declaración de espacio natural protegido", por lo que defendió que ese era el mejor planteamiento para lograr el objetivo de la propuesta.
El proponente de la moción aceptó la enmienda del gobierno insular, ya que a su juicio lo importante es cumplir con la necesidad que tienen los vecinos de obtener las licencias o permisos necesarios para actuaciones a las que ahora se ven imposibilitados, al menos de forma legal. Además, Carlos Cabrera defendió la necesidad de incluir en la solicitud que se remita al Parlamento de Canarias, y a todos los grupos que la representan, un plano donde quede perfectamente delimitada la zona que se pretende excluir del espacio protegido, para que se pueda comprobar con facilidad que es un área reducida en comparación con la extensión de El Remo. CC y PSOE lo apoyaron.
Los valores que motivaron su protección como paisaje de especial relevancia de este núcleo costero fueron básicamente antrópicos y vinculados en origen a las explotaciones plataneras al aire libre. Hoy, por el contrario, se puede observar la ampliación considerable de la superficie de cultivos bajo invernaderos.
Carretera del Norte
Partido Popular y grupo de gobierno debatieron sobre la carretera del Norte o, más en concreto, sobre qué institución debe actuar cuando se produce una emergencia por desprendimientos en esta vía. El Cabildo ya tuvo que actuar recientemente por esta motivo, a pesar de que no ha recibido la obra. El consejero de Infraestructuras, Jorge González, y el presidente, Anselmo Pestana, defendieron que ante una urgencia, como la caída de piedras en la calzada, lo primero es solucionar el problema, que es lo que afecta a los vecinos. El portavoz popular, Carlos Cabrera, apoyó que hay que actuar, pero dejó claro que a su juicio lo conveniente, y más justo, es que el Gobierno de Canarias contratara una empresa mientras la vía sigue siendo de su competencia para que se encargara de estos contratiempos, "evitando utilizar el personal de esta institución en una carretera que todavía no nos pertenece". Evitar que la costumbre se haga ley.