El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón, ha decidido citar como investigado (imputado) al empresario Rosendo Luis Cáceres en el procedimiento abierto por el caso La Nao, un terreno situado junto al barranco de Tenisca, en Tazacorte, y sobre el que pesa una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó como hecho probado que existió "desvío de poder" a la hora de su declaración urbanística.
En la misma providencia, entregada a las partes el pasado día 3 de noviembre, el magistrado requiere además a la representación procesal de Gregorio Sánchez Pérez, comprador de la finca e investigado en la causa, a que en el plazo de tres días facilite al juzgado la dirección y el teléfono de Pablo Acosta Acosta, hermano de la exalcaldesa de Tazacorte y actual directora general de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Carmen Acosta, para que declare en calidad de testigo, al participar en la operación de compraventa, aunque ni se le investiga ni hay indicios contra su persona en este litigio.
El juez Padrón fija en el día 11 de noviembre, a las 11:00 horas, la fecha de la declaración del nuevo investigado, que se une bajo la misma condición a su hijo, Rosendo Luis Brito, arquitecto municipal, y al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, así como al vendedor y comprador de La Nao, Javier Carrillo Kabana y Gregorio Sánchez, respectivamente.
Precisamente, la imputación a Rosendo Luis Cáceres, persona muy conocida en el Valle de Aridane por ostentar la Presidencia del Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte, se produce después de que tanto Carrillo como Sánchez lo señalaran como el intermediario de la compraventa.
A ello se unió la petición presentada el 24 de octubre por la acusación. En concreto, el abogado del empresario vasco César Gil, Santiago Milans del Bosch, reclamó que Rosendo Luis Cáceres fuera investigado por la sentencia del Supremo que lo vincula con el desvío de poder en la declaración urbanística del suelo, además de ser señalado por otros imputados como participante en la compraventa de La Nao.
El juez Albano Padrón ha activado este caso tras años paralizado. No se investiga si hubo o no desvío de poder para la clasificación urbanística -esa causa ya está sentenciada por el Tribunal Supremo-, ahora está en juego una supuesta estafa agravada contra el empresario César Gil en la compra de La Nao para perjudicar sus intereses, y por la que se reclaman decenas de millones de euros.