La secretaria municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha comunicado a los portavoces del grupo popular, Juan José Cabrera, y del grupo mixto, Maeve Sanjuan, que es incompetente e incapaz para determinar posibles hechos delictivos y presuntos responsables, en referencia a la desaparición de unas 170 multas remitidas a la Alcaldía, tal y como ha informado EL DÍA en sus últimas ediciones.

El PP y la portavoz del grupo mixto, en concreto edil de Nueva Canarias, trasladaron a la secretaria la información obtenida en la comisión que en principio está investigando las sanciones que se decidieron no tramitar tras ser trasladas a la Alcaldía, para que en el caso de que observaran indicios de un delito, lo pusieran en manos del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, la técnico aclara que su función es dar fe pública y asesoramiento legal, dentro del régimen jurídico de los funcionarios, y que, en todo caso, son el alcalde y el Pleno municipal los que tienen las competencias para el ejercicio de las acciones judiciales que estimen necesarias. No es menos cierto que cualquier grupo municipal o incluso concejal a título particular que sea conocedor de los detalles obtenidos en la comisión, puede trasladarlos al Ministerio Fiscal para que sea investigados.

El escrito del PP y el grupo mixto también ha obtenido respuesta del secretario de la comisión de investigación, que reconoce en su escrito que la información sobre los expedientes de las denunciadas de la Policía Local "remitidos a la Alcaldía/no devueltos" fue trasladada por la funcionaria del negociado de multas, aunque la comisión "nada ha decidido al respecto".

En el mismo sentido, entiende, en consideraciones subjetivas, como reconoce con varios "a mi juicio...", se determinara con claridad "un único período de tiempo a investigar". Recuerda que la comisión decidió "estudiar los últimos seis meses aproximadamente". Sin embargo, "se ha ampliado unilateralmente el período desde 2011 a 2014"; es decir, coincidente con el plazo en el que la funcionaria de negociado advirtió de la desaparición de multas.

"Presionaron a un agente en la Alcaldía para sacar multas"

El Sindicato Independiente de Policía de Canarias (SIPC) ha informado a través de un comunicado de que se ha solicitado al funcionario encargado de los equipos informáticos municipales "que guarde escrupulosamente toda la información recogida" en los ordenadores sobre "la gestión de las multas de tráfico", protegiéndola "de ser modificada, habiendo información veraz de que no solo son 170 denuncias caducadas, sino que hay incluso muchas más prescritas". Desde esta central sindical animan al alcalde a que "tenga más interés en averiguar qué ha pasado con los más de 170 expedientes "caducados" (entre otros prescritos), e identifique a los funcionarios que intervienen en el procedimiento y custodian los decretos, remitiendo la documentación a la Fiscalía Provincial de Tenerife debido a que se presumen de muy graves". En el mismo comunicado, el SIPC denuncia que se intenta "confundir a la ciudadanía con mentiras, negando unos hechos que se remontan al 12 de septiembre de 2013, cuando un agente recibió presiones en el despacho de la Alcaldía para que retirara dos sanciones de dos empleados municipales, ya que de no hacerlo iba a tener graves consecuencias personales" El policía local "se negó". Una de las estas denuncias "están entre las que se han dejado caducar". Este sindicato aclara que la implantación de los sistemas de gestión electrónicos de multas con PDA ya fue propuesto por el SIPC hace dos años.