El juez que investiga las responsabilidades penales y económicas, en caso de que las hubiese, por la reclasificación "a la carta" del suelo de La Nao en Tazacorte, que el Supremo anuló por "desvío de poder", ha finalizado la toma de declaraciones en esta causa, fundamentales para que el magistrado emita el auto por el que se finalizan las diligencias previas.
Por sede judicial ya han pasado como investigados o imputados Javier Carrillo Kabana, vendedor de la finca; Gregorio Sánchez Pérez, comprador; Rosendo Luis Brito, arquitecto municipal; Ángel Pablo Rodríguez, alcalde, y Rosendo Luis Cáceres, empresario. El último en declarar ha sido, en su caso en calidad de testigo, Pablo Acosta, agente inmobiliario y hermano de la exalcaldesa de Tazacorte, Carlos Acosta, actual directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, aunque cuando se produjeron los hechos que se investigan trabajaba fuera de la política y ni se le investiga ni hay indicios contra su persona en este litigio.
Pablo Acosta se encargó de poner en contacto, dentro de su actividad profesional, a Rosendo Luis Cáceres, que actuó en nombre de Javier Carrillo, con Gregorio Sánchez, al que conocía por coincidir en congresos. Acosta dejó claro ante el juez que conocía "de vista" a Rosendo Luis Cáceres, pero que no tenían relación de amistad ni habían hecho negocios juntos, situación idéntica a la que aseguró tener con el arquitecto municipal.
Acosta sí aportó un dato clave en la investigación. Reconoció que por cuestiones profesionales hacía un seguimiento al Plan General de Ordenación de Tazacorte y que era consciente de que la finca de La Nao era rústica. Desconoce los motivos por los que posteriormente apareció como urbanizable. Cuando fue al ayuntamiento para analizar las fichas del terreno, el mismo "ya estaba como urbanizable" y el secretario del ayuntamiento "no me dijo" que hubiera un informe contrario de la Cotmac sobre la reclasificación del suelo, de lo que se enteró "por la prensa".
El agente inmobiliario no se reunió en ningún momento con Rosendo Luis Brito para hablar de la finca la Nao, según subrayó en su declaración, ni tampoco con el empresario perjudicado con esta operación, César Gil. Tampoco le preguntó al secretario municipal, siempre partiendo de su versión ante el juez, por la reclasificación de rústica a urbanizable del suelo objeto de la causa.
Pablo Acosta, que no pudo negociar el precio de la finca al encontrarse con una cifra cerrada sin margen para el regateo, aclaró ante el juez que su hermana en aquella época (año 2005) "no estaba en política" sino que desempeñaba su profesión como trabajadora social en los municipios de Garafía y Puntagorda.