El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma cobrará la renovación de las tarjetas entregadas por un período de dos años a los residentes en la ciudad para aparcar en zona verde, aunque durante todo ese tiempo nunca ha sido controlada por ninguna empresa privada ni por la Policía Local, que no cuenta con agentes suficientes para asumir este tipo de tareas al menos de forma minuciosa.
Las personas que disponen de
esta tarjeta pagaron 3,84 euros por los dos años, el mismo dinero que tendrán que abonar para su renovación. Es cierto que es una cifra casi testimonial si se compara con otras ciudades, en Los Llanos, por ejemplo, la tasa será de 61 euros anuales, pero la realidad es que no han contado desde 2015 con ningún privilegio, fueron timadas, ya que la falta de vigilancia ha hecho que a la postre sean plazas abiertas a todo vehículo.
La falta de control es conocida desde el principio por los propios regidores municipal, sobre todo cuando no ha existido ninguna denuncia por el uso irregular de la zona verde.
Esta redacción se puso en contacto con el gobierno local para conocer su versión sobre la regulación de estos aparcamientos. A propósito, reconoció que la renovación de las tarjetas se iba a cobrar, manteniendo la zona verde. Al ser cuestionados por la falta de control en dos años, fuentes del ejecutivo local señalaron que "la Policía Local está elaborando un informe sobre la situación del estacionamiento en Santa Cruz de La Palma para mejorar el control del uso de la zona verde".
Desde la Policía Local fueron más concretos: "desde que se pusieron en marcha, el control de estas plazas nunca ha estado entre las órdenes" que reciben los agentes para su trabajo diario. "Ni para las primeras que se pintaron", una veintena en la avenida Marítima, "ni para las posteriores", medio centenar en el carril de salida de la ciudad en dirección sur, en la Avenida de Los Indianos.
En lo que sí ha tenido que actuar el Cuerpo policial es en el control de la línea azul. Esta regulación la lleva directamente una empresa privada por concesión del ayuntamiento. Sin embargo, han existido dudas sobre la legalidad de que su personal pueda denunciar a los vehículos que no ponen el ticket; sí a los que lo tienen y sobrepasan el tiempo por el que han pagado. Está regulado e inicialmente se fijó un precio de cuatro euros para los infractores, pero no han sido pocos los conductores que conocedores de estas dudas han optado por estacionar sin pasar por el parquímetro y, posteriormente, no han atendido a la denuncia.
Esta situación sí ha cambiado de forma radical. Ahora son los policías los que recorren de forma aleatoria las diferentes calles con aparcamientos en zona azul para controlar un uso correcto de los mismos. Para aquellos que no han puesto el ticket, la sanción impuesta en la denuncia alcanza los 80 euros. Una multa a la que de antes o después sí hay que hacer frente.