El caso de Los Tarajales ha llenado páginas de periódicos, horas de radio, miles de folios en el juzgado de Los Llanos de Aridane, declaraciones, autos, decenas de recursos.... Casi una década de instrucción sin culpables ni con fecha de juicio oral, aunque todas las fuentes vinculadas a la causa consultadas por EL DÍA coinciden en señalar que los imputados se sentarán en el banquillo a lo largo del presente año.

Hace poco más de un lustro, en diciembre de 2011, el Tribunal Supremo cerraba la vía civil del caso de Los Tarajales, finca junto al mar en la costa de Tazacorte en litigio por su reclasificación urbanística, desestimando el recurso de casación presentado por Unión Bagañeta-Coalición Canaria y confirmando las sentencias anteriores que declararon no urbano el suelo donde se construyó el edificio Balcón del Puerto.

El terreno y el residencial de lujo de Los Tarajales se quedaron en aquel momento sin cobertura judicial posible. Ese camino estaba cerrado. Por aquel entonces, ya estaba en marcha desde hacía unos años la instrucción por lo penal para depurar responsabilidades, con una treintena de imputados. Altos cargos regionales, municipales, técnicos de la Cotmac, el arquitecto bagañete, los redactores del planeamiento... En realidad, el caso se había iniciado muchos años antes, en 1999, tras la denuncia de una vecina. Se han cumplido ya 18 años.

El procedimiento se ha alargado en el tiempo. Un total de 26 tomos en un juzgado que no contaba con escáner ni disponía del personal suficiente para hacer frente a la causa, tal y como reconoció una de las juezas que llevó el caso en las providencias remitidas a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Además, otro dato clave en la ralentización del proceso, en la última década han pasado por el Juzgado de Los Llanos de Aridane un total de quince jueces.

La instrucción ha sido "hipercompleja", coinciden las fuentes consultadas. En un principio "hubo unos 35 imputados", lo que supone "desde oficios para obtener documentación relevante hasta declaraciones, muchísimos recursos por un lado y por otro, las diferentes piezas en el mismo procedimiento... La pieza principal de la causa es Los Tarajales, pero no olvide que está La Naos y se encontraba El Pozo (otros suelos en Tazacorte)". Y a todo eso "sume la paralización del procedimiento por cambio de jueces. Son muchos años, pero es que se trata de un expediente extenso".

En septiembre de 2014 se produce un auto clave que aclara gran parte de la causa: la jueza centra las imputaciones por un presunto delito de prevaricación y ordenación del territorio en el caso Los Tarajales en el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez; y en parte su grupo de gobierno en aquel momento, en concreto el ex primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, y Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, concejales de Unión Bagañeta-Coalición Canaria, además del arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito. La magistrada entiende que el resto de inicialmente imputados no tienen responsabilidad alguna, al menos penal, en lo ocurrido.

La investigación se cerró en 2016 e incluso están presentados tanto los escritos de acusación como de defensa. El fiscal pide un máximo de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para el alcalde. La acusación particular amplía las penas.

¿Qué falta para el juicio? El juez que lleva la investigación, y que ha sido capaz de acelerarlo desde que lo asumió, debe emitir un auto con un resumen de lo que se va a enjuiciar, convirtiendo las diligencias previas en procedimiento abreviado. El expediente será entonces remitido al Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de La Palma, que analizará los escritos de acusación y de defensa antes de fijar definitivamente la fecha del juicio oral.

El Ministerio Fiscal lo tiene claro: hay que derruir el edificio

Durante el juicio por lo Penal sobre los Tarajales no solo se juzgará a los imputados en el procedimiento, sino que además el juez debe decidir si el edificio construido dentro de los dominios de Costas debe ser derruido. El Ministerio Fiscal no tiene dudas: "conforme al artículo 339 del Código Penal (en relación al 319.3 del Código Penal), procede acordar la demolición del edificio Balcón del Puerto, situado en la avenida El Emigrante Nº10 de El Puerto de Tazacorte", proceso que se realizará "a cargo de los acusados", pero "sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Tazacorte, atendiendo a la condición de los acusados de autoridades o funcionarios de la entidad local".