La oficina técnica del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está trabajando "de manera intensa y concienzuda" en la elaboración de un catálogo con información de las terrazas de bares instaladas en el municipio, según aseguró en sesión plenaria el primer teniente de alcalde y responsable municipal de Hacienda, Mariano Hernández, al comprobar durante los dos últimos años que un elevado número de las sillas y mesas no estaban regularizadas.

La intervención del edil del PP se produjo tras una pregunta del portavoz de Izquierda Unida Canaria, Felipe Ramos, quien al estudiar los últimos decretos de la Alcaldía comprobó que al menos un establecimiento "que lleva muchos años" atendiendo en mesas y sillas en terraza, había solicitado ahora la autorización para la ocupación de la vía pública; es decir, no contaba con este servicio regularizado, por lo que cuestionó al gobierno aridanense por si se estaba procediendo de forma general al cobro de la tasa municipal.

A propósito, Hernández Zapata señaló que a lo largo de 2015 y 2016 "se han liquidado la totalidad de las terrazas de bar que existen en el municipio, estuvieran o no cumpliendo con la ordenanza". Hizo hincapié en que "se hizo de oficio una liquidación de ocupación de vías, que en 2015 sino me falla la memoria superaron los 30.000 euros".

Tras la sesión plenaria y a preguntas de esta redacción, el primer teniente de alcalde reconoció que "hemos detectado que un número importante de locales no cumplen con la normativa o tienen más mesas y sillas de las que realmente pueden tener. No digo que sea la generalidad, pero para que todos sean iguales ante la hacienda municipal, tenemos que hacer un control más riguroso", lo que incluye "una ficha con cada uno de los bares y la ocupación que están haciendo con sus terrazas de la vía pública".

Hernández Zapata admitió que a lo largo de 2015 y también en 2016, un trabajador de la oficina técnica de Los Llanos de Aridane se encargó de comprobar cómo estaba la ocupación de la vía pública por mesas y sillas. "Había muchas terrazas que ni siquiera habían presentado la documentación para poder ofrecer este servicio, por lo que tras un trabajo de comprobación se hicieron liquidaciones de oficio". Ahora se ha dado un paso más: "estamos en la labor de legalizar todas las terrazas que se puedan legalizar", apuntó. En realidad, es consciente de que habrá algunos establecimientos, los mínimos, que será complejo que puedan regularizar su mobiliario exterior.

Y es que hasta 2015 "solo pagaban 14 establecimientos de los 50 o 60 que contaban con terraza. Eran los únicos que tenían regularizada sus mesas y sillas y eran los que pagaban. Entendimos en ese momento que no era justo, nuestra bandera como grupo de gobierno siempre ha sido que la Hacienda municipal debe ser exactamente igual para todos, y por eso procedimos de oficio a realizar las liquidaciones", dijo Hernández.

El edil aclaró que "los establecimientos, al menos la mayoría, están también satisfechos porque ellos quieren tenerlo todo dentro de la legalidad".

La adjudicación del PGO, 15 días suspendida

Ante el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de duplicar el presupuesto de licitación del Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, el Pleno aridanense ha decidido por unanimidad suspender provisionalmente el procedimiento de adjudicación de la revisión del documento y solicitar a Gesplan un informe sobre precios. El ayuntamiento esperará un plazo máximo de 15 días para recibir lo solicitado y responder al recurrente, aunque se trata de una medida más que nada formar, a indicaciones de los servicios jurídicos, para tener mayores garantías y proseguir en dos semanas con el concurso. Antes del acuerdo, el portavoz de IUC, Felipe Ramos, hizo un alegato en defensa "del procedimiento elegido"; es decir, concurso público abierto al que se pueda presentar todo profesional que esté interesado, en lugar de "una adjudicación directa", a dedo, "como ha sucedido en ayuntamientos de esta Comunidad y del resto del Estado". Ramos hizo además hincapié en que "el precio (de la licitación) lo fija el ayuntamiento y no un Colegio de Arquitectos", entendiendo que la existencia de tres ofertas "demuestran que el precio (propuesto por la corporación) no está por debajo del precio del mercado". Además, pidió al gobierno municipal "que informe de esta situación con el objetivo de que los vecinos sepan porqué se opta por esta medida y que no tiene nada que ver con la forma elegida".