El Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación patrimonial sobre los medios de vida y bienes del empresario vasco César Gil, después de que se declarara insolvente ante la obligación, por sentencia judicial, de indemnizar con 600 euros a Rosendo Luis Cáceres, persona vinculada al agua de riego en la Isla, y a su hijo Rosendo Luis Brito por injurias leves.

El juez, en un auto comunicado a las partes el 21 de febrero de 2016, ordena esta investigación a través del Punto Neutro Judicial, que permite a los órganos judiciales consultar e interconectar con otras entidades (colegios profesionales, entidades financieras, registros...).

Al magistrado emite esta diligencia de ordenación como respuesta a una petición de los dos afectados, a los que debe extrañarle que César Gil no pueda hacer frente a una indemnización de 600 euros y, sin embargo, se mantenga en otros pleitos judiciales con abogados de reconocido prestigio a nivel nacional.