El Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a indemnizar a un agente de la Policía Local con 2.045 euros por "una patente y manifiesta vulneración" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras una denuncia por un presunto acoso laboral.
La juez absuelve en lo que corresponde a la indemnización al alcalde, el socialista Sergio Matos; al jefe de la Policía Local, Eduardo Pérez, y al agente Argeo Rodríguez, entendiendo que la sanción debe ser asumida íntegramente por las arcas públicas.
La sentencia no entra a valorar el supuesto caso de acoso, en el que tanto el regidor municipal como los dos funcionarios citados fueron denunciados, ya que "no es objeto del presente procedimiento y ni tan siquiera de la presente jurisdicción". Por tanto, para aclarar ese asunto, el afectado deberá recurrir, si lo estima oportuno, a la vía Contencioso Administrativa.
En la causa tan "solo" se confirma por parte del juzgado la tardanza en aplicar el protocolo tras una denuncia de esta naturaleza y el perjuicio que ello causó al demandante, que la jueza califica de leve "en su grado máximo tope superior". En concreto, en la resolución judicial se deja claro que "de la documentación obrante y de las declaraciones testificales practicadas, se pone de manifiesto la existencia de una clara situación de pasividad e inactividad por parte de la corporación demandada".
En concreto, el 30 de marzo de 2016, según se refleja en la sentencia, el denunciante presentó en el ayuntamiento por registro de entrada un documento en el que solicitó "amparo y protección ante lo que califica como una situación de acoso laboral contra su persona". Sin embargo, "seis meses después, la corporación demandada no había adoptado medida alguna a fin de garantizar la protección de la seguridad del trabajador".
Pese a la resolución judicial favorable, novedosa en Canarias por las escasas demandas que de estas características se presentan, los abogados del policía local denunciante consideran que hay elementos más que suficientes para elevar la infracción de leve a grave, "habiendo hasta dos informes de la Inspección de Trabajo en contra del ayuntamiento", por lo que presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso de suplicación.
Cabe destacar que el policía local afectado, que ha estado de baja durante meses por manifestaciones de ansiedad y depresión de larga duración por la presencia de acoso moral en el trabajo (así reza en un informe psicológico forense), había solicitado por lo que consideraba una falta grave una indemnización de 72.674,97 euros.
El ayuntamiento pagará por ahora el abogado de la defensa, contratado de forma externa, y espera además a la indemnización firme.