Samara Bermúdez, una mujer de 35 años con dos hijos menores de edad a su cargo y que se encuentra embarazada, ha recibido un auto judicial de desalojo de la vivienda de propiedad pública que gestiona el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en la Cruz de la Paloma, y que ocupó junto a una hermana con discapacidad en diciembre de 2015.
Fue la propia corporación aridanense, a través de la concejal de Asuntos Sociales, la que denunció ante la Guardia Civil el acceso ilegal al inmueble por parte de la joven, a pesar de que se trababa de una ocupación motivada por un caso claro de extrema necesidad, después de que la afectada no pudiera hacer frente al pago del alquiler de la vivienda en la que residía, con una orden incluso de desahucio, y temer por la posibilidad de verse en la calle con sus dos hijos.
El ayuntamiento, sin embargo, tomó incluso la decisión de no conectar el suministro de agua de abasto a la vivienda, lo que se prolongó durante al menos dos meses.
Pero la situación de Samara Bermúdez y su acción desesperada chocaba frontalmente con la legalidad y también con la necesidad que sufrían (y sufren) otros vecinos de Los Llanos de Aridane con necesidad habitacional y, que, por el contrario, se han mantenido dentro de la ley. El piso ocupado, curiosamente, está destinado a las familias con escasos o nulos recursos económicos.
La decisión del juez no es aún firme, ya que en el auto, que incluye una sanción económica, se otorga un plazo a la afectada para presentar un recurso, como así ha hecho su abogada. La joven (y su familia) está ahora a la espera de la resolución judicial definitiva.
En este caso se da otra circunstancia a tener muy en cuenta. Aunque la vivienda la gestiona el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, se trata de una construcción del Gobierno de Canarias, que ha asumido el compromiso firme de evitar desalojos a familias en situación de necesidad, como ocurre en este caso, sin encontrar previamente una alternativa habitacional.