Lo que debería solucionarse con un simple clic de ordenador ha tardado nada menos que cuatro años en resolverse. El Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane ha decidido el sobreseimiento y archivo del caso Santander, iniciado después de una denuncia de 2013 del empresario vasco César Gil por la supuesta desaparición de 300.000 euros de una cuenta de esta entidad bancaria.

La denuncia se cursó por una supuesta apropiación indebida y fraude procesal, después de que la entidad bancaria no pudiera justificar, siempre según el denunciante, el destino del dinero ingresado por la entidad Businnes, de la que César Gil es su propietario, en una de sus cuentas. La investigación se ha centrado precisamente en averiguar quién autorizó la salida del dinero de esa cuenta a otra denominada "contencioso" y qué se hizo con esos fondos.

El juez entiende, en el auto emitido y sobre el que aún cabe recurso, es decir, no es firme, que de los testimonios recabados a lo largo de este largo procedimiento, queda al descubierto que la transferencia fue autorizada por el propio César Gil "para cancelar deuda contraída" con el banco Santander por un crédito, ingreso que permitió la paralización de un procedimiento de ejecución, según se deja claro en la resolución judicial.

El magistrado apunta que "no se puede sostener que el denunciante siga insistiendo en la comisión de delito alguno (por parte del Santander)" y no se puede permitir "que se continúen practicando diligencias de investigación cuando de las ya aportadas y obrantes en las actuaciones se desacredita totalmente la tesis en la que la denuncia inicial sustentaba su pretendida y pretendida versión incriminatoria".

El juez considera que en esta causa "se pone de relieve la falta de autoprotección (por parte del empresario vasco) al no haber tomado las mínimas cautelas para salvaguardar la integridad de su patrimonio".

En el auto se deja claro que la resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado o recurso de apelación que será resuelto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.