El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se gastará cerca de 100.000 euros en los próximos dos años en la contratación de un servicio de representación y defensa judicial ante instancias Contenciosos-Administrativas, Civiles y Penales.

La corporación municipal cuenta entre su personal con diferentes licenciados en Derecho, pero ninguno de ellos ejerce o, al menos, actúa como abogado en las causas en las que el ayuntamiento está inmerso, por lo que el municipio debe recurrir a letrados externos.

Su último trabajador que sí se encargaba de los litigios era Alejandro Brito, quien fuera director de la Administración General del Estado con el Partido Socialista.

Para esta contratación, el ayuntamiento, que habitualmente ha contado con el asesoramiento jurídico del bufete Carlos Cabrera Abogados de Santa Cruz de Tenerife, ha abierto un procedimiento abierto para que se presenten los profesionales del ramo que estén interesados.

En esta licitación se valora tanto la oferta económica como, sobre todo, la experiencia en representación de instituciones públicas e incluso la titulación del aspirante, premiando la superior a la mínima exigida (doctorado).

La realidad es que el abogado adjudicatario tendrá bastante trabajo por delante, ya que el ayuntamiento está inmenso en una docena de litigios, después de superar otros tantos en los que mayoritariamente ha obtenido sentencias favorables.

Un porcentaje elevado de los frentes judiciales abiertos se refieren a cuestiones vinculadas a denuncias de trabajadores de la propia institución municipal.