El Cabildo de La Palma ha decidido adaptar los pliegos para la privatización durante siete años de los alumbrados públicos de la Isla a las exigencias de los ayuntamientos, cumpliendo cada una de sus reclamaciones, y también a las peticiones de las pequeñas empresas locales del sector, después de que la mayoría de los municipios hubiera rechazado, en todos los plazos dados por la Consejería de Nuevas Tecnologías, las cláusulas que inicialmente se presentaron.

Las condiciones del proyecto de eficiencia energética que busca introducir las bombillas LED con sistemas de alumbrado renovados, han sido, por tanto, elaboradas ahora a la carta de los ayuntamientos para evitar que la iniciativa fracasara.

Los cambios sustanciales introducidos afectan al número de puntos de luz que asumirá la empresa adjudicataria de la privatización del alumbrado, el pago de las revisiones de las instalaciones y cambios de líneas que no cumplan con la normativa establecida, el futuro laboral de los electricistas que tiene cada corporación y el que se permita mantener a las empresas locales en los servicios que ya prestan a diferentes municipios.

En definitiva, menos gasto para los municipios, dejar trabajar a las pymes, que se vieron fuera del negocio, y una mayor inversión a cuenta del adjudicatario de la externalización.

En la primera propuesta, los ayuntamientos tenían que entregar las instalaciones en perfecto estado a la adjudicataria, asumiendo los costes de regularización. La mayoría se negó y el Cabildo ha cedido en los nuevos pliegos. Sobre las luminarias, lo mismo: los Llanos de Aridane, el ejemplo con más peso por contar con el mayor número de bombillas en la red pública, había expresado que el número de puntos de luz que se planteaban en el proyecto era apenas el 75% de los que cuenta el municipio, según una auditoría reciente realizada por el ayuntamiento, y que el municipio no estaba dispuesto a asumir el 25% restante. El Cabildo aceptó. La empresa que se haga cargo del servicio se responsabilizará del 100%.

En el caso del personal, la idea original era subrogar trabajadores municipales. El personal expresó entonces su negativa rotunda a esta posibilidad. Los nuevos pliegos también atienden esta reclamación.

Otra de las condiciones que se incorporan a este proyecto de eficiencia energética es el respeto a las empresas locales. Es decir, las pymes de la Isla que ya realizan servicios de mantenimiento en las instalaciones eléctricas de un importante número de municipios (Barlovento, Breña Baja, Mazo, El Paso...), no pierden su trabajo, sino que siguen haciendo la misma labor pero, en este caso, para la empresa ganadora del concurso.

El Cabildo, con estos cambios, que son los principales, se adapta a las peticiones de los ayuntamientos, que una vez complacidos han mostrado ahora, en la mayoría de los casos, su decisión de cambiar de postura y entrar a formar parte del proyecto de eficiencia energética.

Lo que no se cambian son las condiciones económicas. El Cabildo de La Palma aportará 600.000 euros al año para el proyecto (4,2 millones en siete años) y los ayuntamientos el importe medio que pagan al año por la factura de la luz.