El Consejo Insular de Gobierno ha acordado declarar la prohibición por parte del Cabildo de La Palma de contratar a la empresa Sercade SL durante los próximos tres años. Se trata de la entidad que dirigió los destinos del centro de personas con discapacidad intelectual de Triana, en Los Llanos de Aridane, hasta que el servicio fue intervenido por supuestos tratos vejatorios.
El acuerdo de la junta de gobierno insular se fundamenta en lo previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y atiende a "haberse dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada (Sercade) culpable, a la resolución firme de contrato celebrado con esta administración", se advierte por el Consejo Insular de Gobierno.
Los mandatarios insulares se refieren en concreto a la resolución judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se advierte de que hubo "hechos probados contrarios a la ética profesional más que suficientes para resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista, con la pérdida de la garantía prestada para responder de la correcta organización y funcionamiento del servicio".
La idea de la institución insular resulta clara: evitar que Sercade se pueda presentar a los concursos para la adjudicación del centro. Su acuerdo coincide además en el tiempo con la decisión del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane de citar a declarar a José Amen Mustafa, el único imputado por los supuestos tratos vejatorios a los residentes en Triana.