El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón González, ha decidido el sobreseimiento provisional y el archivo del caso "La Nao", suelo ubicado en la zona del Puerto de Tazacorte, en el que estaban imputados el alcalde bagañete, Ángel Pablo Rodríguez, y el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, por presunto delito de prevaricación, estafa, tráfico de influencias y falsedad documental, además del vendedor y el comprador de la finca, Javier Carrillo Kábana y Gregorio Sánchez Pérez, que declararon en calidad de investigados.
El juez hace mención en su auto a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2012 donde se deja claro que en la ordenación de la finca objeto de litigio se incurrió en "desviación de poder, existiendo prueba suficiente de que se actuó con la finalidad de favorecer intereses particulares", unas actuaciones que "pudieran determinar la existencia de indicios relativos a la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias", lo que al final no tendrá consecuencias para los responsables "al haber prescrito". Es, a la postre, el resultado de la tardanza de la justicia en resolver determinados casos.
Albano Padrón centró su investigación en la denuncia del empresario vasco César Gil y de una de sus sociedades, Inversiones Insulares, al sentirse estafado y gravemente perjudicado por la supuesta comisión de delitos en la operación de compraventa y en la reclasificación del suelo de La Nao, en los que a juicio de la acusación participaron de forma coordinada autoridades, funcionarios y particulares interesados.
Sin embargo, tras un largo y tedioso proceso de investigación, el juez sentencia que "de lo actuado no aparece justificada la perpetración del delito (estafa) que ha dado lugar a la formación de la causa".
El auto es recurrible, que será lo que harán los abogados de César Gil a lo largo de la próxima semana.