Izquierda Unida Canaria (IUC) ha denunciado "el negocio redondo" que a su juicio supondrá para la empresa adjudicataria la posible privatización del alumbrado público que impulsa el Cabildo de La Palma.
IUC afirma que la ciudadanía tiene que ser consciente de que el Cabildo, en caso de llevarse a cabo la privatización, aportará 600.000 euros cada año para trabajos de mantenimiento no incluidos en el contrato. "Teniendo en cuenta que se baraja la cifra de siete años de vigencia del contrato, la institución insular podría abonar hasta 4,2 millones de euros", sentencia.
A esta cantidad se sumaría la aportada por los ayuntamientos, que a pesar de privatizar el servicio aportarán una cantidad anual al Cabildo para sufragar el coste del contrato. IUC pone como ejemplo el municipio de Los Llanos de Aridane, "que tendría que abonar durante cada uno de los años del contrato el gasto en facturación generado durante la anualidad previa a la privatización", una cantidad que el 2016 alcanzó los 145.000 euros.
Izquierda Unida defiende que los servicios públicos "tienen que tener titularidad y gestión pública, no pudiéndose hacer negocio a costa de un servicio básico como el alumbrado público, en el que siempre hemos defendido que se pueden llevar a cabo mejoras técnicas que posibiliten una mayor eficiencia energética desde lo público".