El consejero no adscrito en el Cabildo de La Palma, Dailos González (ex Podemos), ha denunciado que la comisión de pleno de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía ha acordado, con su único voto en contra, la "gestión indirecta" del servicio público de alojamiento, manutención, vigilancia y atención educativa de las usuarias del Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas (DEMA) del centro de acogida inmediata y casa de acogida.

González entiende que se trata de un asunto "extremadamente sensible", ya que "afecta a la salud, bienestar y seguridad de personas que se encuentran en una situación especial de riesgo y vulnerabilidad, y es responsabilidad de las administraciones públicas el atender a las mismas, sin que deba derivarse en entidades privadas".

El consejero no adscrito añade que el personal que atienda este servicio "debe ser seleccionado mediante criterios rigurosos, y el Cabildo palmero no puede desentenderse de ello delegando en otras entidades, sino que debe dotarlo de un número de trabajadores y trabajadoras suficiente".

González considera que "hay un mito" en torno a la supuesta mejor eficiencia de la gestión privada frente a la pública, "que nunca ha sido demostrado", argumentando que "si una gestión pública resulta ineficiente en lo que respecta a la prestación de servicios, se debe o bien a una dotación insuficiente de recursos o bien al modo en que está siendo gestionado". A su juicio, lo fundamental es que un servicio público, más cuando afecta a personas que se encuentran en esta situación, "jamás debe analizarse en función de pérdidas" o ganancias".

Otro aspecto clave a su juicio es que la contratación del personal para unos servicios de especial sensibilidad "debe hacerse mediante criterios rigurosos y transparentes", y cree que la externalización daría pie a que la entidad privada "realizase la selección del personal sin esas medidas de control".