La empresa propietaria del edificio de Los Tarajales, en el Puerto de Tazacorte, se encuentra en el tercer listado de deudores con la Agencia Tributaria que recientemente dio a conocer el ministro Cristóbal Montoro.

La "lista negra" está integrada por 4.549 morosos que deben un total de 15.400 millones, un 2% menos con respecto a la cifra del año pasado, y Diseños Urbanos SA (Diursa) ocupa uno de los puestos "destacados" en ese ranquin. En concreto, es la entidad número 20 que más dinero tiene pendiente con la Agencia Tributaria, con una deuda que supera los 40 millones de euros.

Diseños Urbanos se creó el día 27 de abril de 1979 en Madrid y su objeto social es la promoción inmobiliaria, que llevó a cabo en diferentes ciudades del país. Perjudicada gravemente por la crisis del ladrillo, en la actualidad se encuentra en fase de liquidación.

Diursa compró el suelo donde se construyó el edificio, que en realidad se denomina Balcón del Puerto y que es objeto de un largo proceso judicial al encontrarse dentro de los dominios de Costas, en el año 1998, y supuestamente la entidad conocía cuando inició la construcción del edificio, allá por el año 2005, la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la parcela como no urbana, aunque el consejero delegado de esta promotora, Ulpiano González, negó de forma tajante en 2010 ante el juez que conociera esta resolución judicial.

En el listado dado a conocer por el ministro Montoro se recogen las empresas que a 31 de diciembre de 2016 tenían una deuda con la Agencia Tributaria superior al millón de euros; en concreto se tratan de 338 personas físicas, con impagos por unos 700 millones de euros y 4.211 empresas por 14.700 millones de euros.

La realidad es que las operaciones urbanísticas en la costa de Tazacorte no solo han supuesto deudas importantes con la Agencia Tributaria para la empresa que construyó el edificio. A propósito, cabe destacar que también se encuentra en el listado de morosos Inversiones Insulares Cock, con impagos por 1,6 millones de euros. En realidad, la empresa de César Gil repite en la lista "negra", aunque al cierre de 2015 la deuda superaba los dos millones, por lo que ha sido capaz de reducirla en unos 400.000 euros.

Esta empresa presentó proyectos para desarrollar desde el punto de vista turístico y residencial la costa de Tazacorte y para ello se acogió en 2013 a la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), con el objeto de obtener beneficios fiscales para la compra de terrenos en la costa bagañeta.

Las intenciones de Inversiones Insulares Cock no se pudieron desarrollar y el compromiso que había adquirido de reinversión que exige la RIC nunca se llevó a cabo, por lo que la Hacienda Tributaria exige ahora la devolución del dinero.