El proyecto de eficiencia energética en La Palma no acaba de cuadrar. El Cabildo ha intentado desde hace meses, un año incluso, convencer a los ayuntamientos para que cedan sus alumbrados, adaptarse a sus peticiones, pero el retraso en su ejecución por la falta de consenso ha motivado que la institución insular tenga que devolver más de 200.000 euros que recibió del Fondo Europeo de Inversiones.

La portavoz del Grupo Popular, María de Haro, expuso en sesión plenaria esta problemática, señalando que el proyecto ya no será insular, "después de que Puntagorda y Tijarafe hayan renunciado a participar, Fuencaliente todavía se lo esté pensando y otros municipios hayan puesto objeciones": Por lo pronto "hay que devolver más de 200.000 euros recibidos de fondos europeos".

El espíritu del proyecto es positivo y no genera discusión: cambiar las luminarias y el resto de los equipos de los alumbrados públicos tanto en vías y calles como sedes institucionales y resto de edificios municipales para ahorrar en suministro eléctrico y lograr una luz más eficiente sin incumplir la Ley del Cielo. El objetivo que defiende el Cabildo es compartido, pero el cómo y el coste de su ejecución es lo que ha hecho dudar durante demasiado tiempo a los ayuntamientos, algunos con respuestas ciertamente ambiguas, a pesar del esfuerzo del área insular de Nuevas Tecnologías por satisfacer cada una de las recomendaciones o exigencias de los alcaldes y de sus técnicos.

Sin embargo, la devolución de este dinero, que nadie negó tras la intervención de la portavoz popular, no hará que el proyecto se paralice definitivamente. Al contrario, el presidente insular, Anselmo Pestana, dejó claro que saldrá adelante "con aquellos ayuntamientos que quieran participar". La clave, en realidad, es contar con el visto bueno de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, que por el número de luminarias son los dos municipios fundamentales para atraer a empresas interesadas en la adjudicación del proyecto.

De igual forma, la portavoz del Grupo Popular ha expresado que el denominado Pacto de Alcaldes, que en teoría obligaba a los ayuntamientos y al Cabildo a la toma de decisiones en favor de la eficiencia energética, "ha caducado, tal y como se puso de manifiesto en la última reunión de la mesa de la energía, al no estarse cumpliendo con los compromisos que se habían pactado".