Un estudio de arquitectura de Madrid, GilBartolomé Architects, cuya actividad se centra en concurrir a licitaciones en el ámbito nacional, ha denunciado "la extraña" convocatoria del proyecto para la construcción de la nueva escuela de música de La Palma, por 176.700 euros, dejando entrever que el concurso pueda estar adjudicado antes de salir a licitación.
Este estudio cuestiona el plazo "tan limitado" que se ha dado en la convocatoria para presentar ofertas: "Se disponían de ocho días naturales a partir del día siguiente de la publicación (10 de octubre de 2017), es decir seis días laborables, cuando el plazo de estos concursos suele oscilar entre uno y tres meses".
Este intervalo de tiempo "es extremadamente corto", afirman los denunciantes, teniendo en cuenta "que habría que dibujar planos, infografías y describir pormenorizadamente la construcción del edificio". En resumen, el tiempo concedido "hace inviable desarrollar un proyecto de estas características". A su juicio, "estos plazos imposibles hacen sospechar de corrupción, puesto que nadie en su sano juicio se puede presentar" y, sin embargo, "al final siempre resulta que alguien se presenta".
Los afectados advierten de que una vez visto el plazo, "escribimos al responsable de contratación para quejarnos, sin recibir respuesta y sin saber nada hasta ayer el martes, que nos hemos enterado por el BOP (11 de octubre) de que se amplía el plazo en cinco días naturales". El primer plazo finalizaba un día antes.
Este estudio radicado en Madrid subrayan que "nos preocupan este tipo de situaciones injustas para nuestra profesión", pero lo que es más importante, "que no se deje lugar a la competición, ya que estas jugadas dejan fuera a cualquier empresa que quiera afrontar el concurso con la dignidad que merece un equipamiento público".
Uno de los arquitectos de este grupo, nacido en Canarias, apunta que "personalmente me indigna la sola idea del planteamiento del concurso, en el que se dispone de menos de una semana para diseñar un edificio que estará en nuestras calles como mínimo 50 años, cuando ya sabemos la preocupación de la opinión pública por la poca calidad de la construcción en edificios nuevos".
Fuentes del gobierno insular dejaron claro a esta redacción que los políticos "no intervienen en este tipo de contratos mayores, que se sacan a convocatoria abierta y cuyas bases están en manos de técnicos que, como no puede ser de otra manera, siempre se ajustan a la ley en todas las convocatorias".