El Cabildo de La Palma ha sido condenado y tendrá que indemnizar a un agricultor por haber denegado "de forma injustificada, arbitraria y flagrantemente contraria a la legalidad vigente" la instalación de un invernadero en la zona costera de El Remo, en Los Llanos de Aridane.

El Consejo Consultivo de Canarias emitió el pasado mes de octubre una resolución contraria a los intereses de la institución insular, en el mismo sentido que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife de enero de 2014, por un caso que se remonta al 16 de enero de 2001 (hace ya casi 17 años) cuando desde el Cabildo de La Palma se denegó la calificación territorial para la ejecución de las obras para instalar el invernadero.

El rechazo a la petición del agricultor se fundamentó básicamente en un informe de la Unidad de Medio Ambiente que se emitió "con una flagrante desatención normativa y sobre la base de un criterio puramente subjetivo". Resulta sorprendente que la negativa se produjera "por una hipotética alteración que la instalación del invernadero tendría para el entorno natural", cuando en el mismo informe se reconoce de forma expresa que "es un invernadero que causaría un impacto visual de escasa consideración, dada la existencia de diversas instalaciones de la misma índole en la zona afectada".

El Consultivo recoge incluso "el desconcierto" del afectado cuando el Ayuntamiento de Los Llanos concedió en 2007 la licencia para la construcción de un invernadero en la misma zona, que sí obtuvo la calificación territorial del Cabildo. Es decir, "tuvo que soportar que se concedieran, antes y después de que se le denegara la que solicitó, calificaciones territoriales a otros interesados".

El afectado presentó un recurso de reposición contra la resolución del Cabildo el 21 de febrero de 2001. Nueve años más tarde, el agricultor se dirigió a la institución insular haciendo constar que aún no se había resuelto la alegación presentada. El Cabildo admitió entonces que posiblemente había perdido el escrito presentado.

El agricultor ha solicitado una indemnización de 483.301,54 euros, que ha sido refrendada aunque solo en parte por el Consejo Consultivo, teniendo en cuenta la diferencia de precios entre la instalación del invernadero en 2001, que por el presupuesto presentado por el interesado ascendía a 151.337 euros, y el coste de ejecutar en la actualidad las obras bajo el mismo proyecto, que alcanza los 278.488 euros.

A esa diferencia se debe sumar, según la reclamación del perjudicado, lo que ha dejado de ganar con su explotación por no tenerla protegida de las inclemencias meteorológicas, poniendo como ejemplo el beneficio obtenido por una finca de similar característica y ubicada en la misma zona, pero bajo plástico.