Santiago Milans del Bosch estuvo durante diez años como fiscal (incluyendo en sus destinos a Tenerife) y en 1998 pidió la excedencia para dedicarse al ejercicio de la abogacía. Es el letrado de la empresa Inversiones Insulares Cock en el juicio de Los Tarajales.

Este abogado, socio de Cuatrecasas, considerado uno de los principales despachos de España, tiene claro que si en el suelo de Los Tarajales hubiera una caseta en lugar de un edificio "ya le habrían dado dos patadas. Hubieran mandado una máquina para tirarla, y a protestar si quieres a Bruselas. Pero claro, es un edificio en el que están por detrás los que están. Muchos pensaban que César Gil se iba a cansar, pero se han dado con una persona peleona que cree en la justicia y en que la ley es igual para todos".

Milans del Bosch espera "que se haga justicia" y que los hechos una vez acreditados en el plenario "evidencien que la conducta de los acusados merecen una sentencia condenatoria". Subraya que "creo en la justicia independiente y en que la ley tiene que ser igual para todos, sin que tenga que haber ninguna prevalencia de ningún tipo y me refiero no solo política sino de presiones mediáticas y del entorno". En este sentido, "tengo plenas garantías y credibilidad en la juez", sentencia.

Su intención no es otra que "demostrar que las licencias (para el edificio) se dictaron a sabiendas de que eran ilegales porque no existía el planeamiento al que hacen referencia los acusados porque había sido anulado por las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, porque además se hizo una modificación del planeamiento a gusto de intereses particulares y porque había un arquitecto que informaba de forma arbitraria en lo que correspondía. En cualquier sitio del mundo se trata de un delito de prevaricación urbanística contra la ordenación del territorio".

Este abogado hace hincapié en que "aquí se ha permitido hacer un edificio que atenta contra toda normativa, llevándose además a gente por delante y engañando a personas como César Gil al que le hicieron creer que todo era legal hasta que se dio cuenta de que le estaban engañando".

Sobre el largo proceso de instrucción, Milans del Bosch señala que "los abogados de la defensa muchas veces han pretendido enmarañar, poner papeles por duplicado y triplicado para que la causa sea muy gorda, también han habido muchos cambios de jueces, lo que hace que todo se haya retrasado. La instrucción ha durado más diez años, pero en realidad se podía haber hecho perfectamente en cuatro meses. Aquí es sota, caballo y rey. No hay más. Se están juzgando dos delitos sencillísimos por dictar una resolución arbitrariamente y a sabiendas de su injusticia".