La secretaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha dado carpetazo por la vía municipal al caso de las 161 multas desaparecidas, evitando que la corporación se dirija al Ministerio Fiscal para advertirle de los supuestos errores en el decreto que archiva la causa.
El PP había presentado una moción en la que solicitaba trasladar a la Fiscalía un escrito en el que se informara "de los errores detectados" en su decreto, "por si la información suministrada fuera de especial relevancia a la hora de reconsiderar el archivo de las diligencias".
El primer teniente de alcalde, Víctor Francisco (CC), dejó claro que el gobierno local no estaba de acuerdo con las apreciaciones de los populares, pero hizo hincapié en que no obstaculizarán ninguna actuación sobre este caso, y adelantó que apoyaría la moción, aunque expresó sus dudas sobre las competencias municipales para ser tratada.
La edil de NC, Maeve Sanjuán, se refirió a las "responsabilidades patrimoniales" que existen por el dinero que el ayuntamiento dejó de ingresar por las denuncias extraviadas.
Tras intervenciones que nada aportaron al debate, incluyendo diferencias interpretativas entre el portavoz del PP, Juan José Cabrera, y su número 2, Mayte Pulido, y un período de receso, la secretaria informó entonces de que esta moción "no es procedente por cuanto el ayuntamiento no es competente para interferir en las funciones judiciales del Ministerio Fiscal", recordando que la Fiscalía "no ha visto ningún delito de tipo penal".
La jurista dijo que las partes que han demandado, que han recibido el decreto de archivo de la causa, "tienen una vía que es reabrir el expediente si quieren a través de la vía judicial, por el Juzgado de Instrucción".