La Consejería de Planificación del Cabildo de La Palma ha iniciado el procedimiento para el archivo de cerca de 300 expedientes de actuaciones de diferente índole en suelo rústico que esperaban por calificaciones territoriales en algunos casos desde hace 18 años, autorizaciones que tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo el pasado día 1 de septiembre no son necesarias, al haber desaparecido desde el punto de vista normativo.

En el listado de expedientes que en un plazo de 15 días serán definitivamente archivados, se encuentran dos solicitudes de calificación territorial presentadas por particulares en el año 1999 y que hasta la fecha no habían sido resueltas, por razones que se desconocen. En concreto, una de las actuaciones consistía en la instalación de una nave para la elaboración de prefabricados de hormigón y la otra estaba vinculada a la legalización de un depósito subterráneo de agua.

El tiempo transcurrido sugiere que los promotores se hartaron de esperar por la autorización del Cabildo de La Palma y desistieron de sus pretensiones.

Ambos expedientes no han sido una excepción. Es cierto que son los más antiguos de todos los archivados, pero otra treintena son de 2000; es decir, hace ya 17 años. La mayoría están vinculados a la legalización de ampliaciones de viviendas, bodegas, cuadras o almacenes agrícolas de particulares, aunque también se encuentran de instituciones públicas, tal y como ocurre con sendos proyectos presentados por el Ayuntamiento de Fuencaliente para la ordenación de los visitantes al volcán de San Antonio y su entorno y para construir una caseta de servicios en el faro.

Las acciones que esperaban por calificación territorial se multiplicaron a lo largo de los años, algunas incluso de gran importancia para La Palma siempre en suelo rústico, aunque es cierto que el número de expedientes se ha reducido de forma considerable en los últimos años, donde la actividad para su resolución ha sido constante y más efectiva, a lo que se ha unido la decisión de potenciales peticionarios de desistir de la solicitud de este requisito al ser conscientes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, que a la postre lo anula.

El Cabildo de La Palma lo que ha hecho para acelerar los trámites es unir estos casi 300 casos en un único expediente para archivarlos y que ya puedan llevarse a cabo, los que aún mantengan interés por hacerlos efectivos, con tan solo obtener licencias municipales como establece la citada ley. Los interesados pueden acudir al área de Planificación para recibir toda la documentación elaborada sobre el proyecto presentado.

Fuentes vinculadas a la tramitación de estos expedientes confirmaron a esta redacción que "hay peticiones de calificaciones territoriales que se resuelven en tres meses, pero otras son más costosas porque precisan de informes de multitud de administraciones. Lo que ocurre es que 17 ó 18 años no es normal y es complejo poder dar una justificación a cada uno de esas actuaciones o legalizaciones que se han retrasado".