El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia relativa al recurso de apelación interpuesto por Canasfal Actividades SL contra el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, eximiendo a la corporación municipal de hacer frente al pago de los 24.238.945,41 euros reclamados por la empresa en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, daños y perjuicios derivados de la anulación de la licencia de instalación de la industria de aglomerado asfáltico propiedad de Gabriel Ruiz Romero en el polígono industrial del Callejón de la Gata.

Al respecto, el fallo estima el recurso de apelación y desestima la pretensión de inadmisibilidad apreciada por la sentencia apelada, si bien estima parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial. En este sentido, el Tribunal condena al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a asumir el pago de la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia por los gastos de instalación y desinstalación de la industria.

En la resolución judicial constan datos económicos que fijan la cifra máxima a abonar por el ayuntamiento en unos 176.000 euros que deberán revisarse para ver qué cuantía económica procede en tal caso abonar a la parte denunciante, una vez quede justificada y documentada la inversión real de la empresa en concepto de labores de montaje y desmontaje de la planta.

La licencia municipal fue anulada en su momento por los tribunales, gracias al empeño y a la lucha de los particulares que formaron la plataforma en contra del asfalto, al incumplir los criterios reglados sobre distancias a núcleos de población fijados por la normativa medioambiental que protege a las personas cuya residencia está muy próxima a la actividad de producción de aglomerado asfáltico en caliente.