La reordenación del servicio regular interurbano de transporte de viajeros por carretera, en la que se encuentra inmerso el Cabildo de La Palma, incluye una actualización tarifaria al alza para 2018 que penaliza especialmente a quienes realizan recorridos más largos.

En la tarifa vigente se establecen dos tramos: uno para recorridos de menos de 8 kilómetros, que está fijada en 1,35 euros; y otro para los recorridos de mayor distancia, por 2,10 euros. En la actuación, sin embargo, se marcan tres precios distintos en virtud del trayecto. La primera es para hasta 10 kilómetros, por 1,50 euros; la segunda es de 10 a 20, con un coste por billete de 2,40 euros; y los usuarios que tengan que hacer más de 20 kilómetros en guagua tendrán que abonar por trayecto 2,60 euros.

Se trata de un incremento del 24% para los desplazamientos que implican mayores recorridos. Hay que tener en cuenta que en el estudio realizado en 2014 sobre el uso de la guagua en La Palma, el 25% de los viajes implicaban desplazamientos superiores a los 20 kilómetros. Esta medida perjudica especialmente a los habitantes del Norte de la Isla y de Fuencaliente, que son los que geográficamente están más alejados de los núcleos urbanos que concentran la mayor dotación de servicios.

De igual forma, la reordenación del servicio afecta a las bonificaciones y excepciones tarifarias. Los viajes gratuitos prácticamente se eliminan. Solo quedan en vigor los bonos sociales y se mantiene la gratuidad al transporte de estudiantes hasta 30 años solo si la unidad familiar a la que pertenecen no supera dos veces el IPREM (537,84 euros).

Cuando se pongan en marcha las medidas que están sobre la mesa, jubilados y desempleados tendrán que pagar, al contrario que ahora, aunque tan "solo" el 20% de la tarifa, mientras que el 80% se mantiene bonificado.

Los precios que el Cabildo permitirá cobrar a las personas con escasos recursos están muy por encima de lo recomendado por la consultora externa (Rodinversiones) que la propia institución insular contrató para realizar en 2014 un informe de diagnóstico y propuestas del servicio, que calculó entre 15 y 20 céntimos por viaje para mayores y personas desempleadas, una tarifa más simbólica pero importante para dar valor a lo que se utiliza.

El grupo de gobierno (PSOE-CC) ha presentado y analizado con los grupos de la oposición (PP y Mixto) esta nueva regulación del transporte por carretera, sin que aún estén definidos los criterios para el mantenimiento o supresión de determinadas rutas. También Izquierda Unida Canaria ha realizado un exhaustivo y extenso trabajo sobre el transporte por carretera que maneja el Cabildo, proponiendo medidas concretas para reducir el impacto de las nuevas tarifas en los colectivos más desfavorecidos de la población.