Un millar de personas residentes en la Isla esperan por la calificación de su grado de discapacidad, una situación que perjudica a los afectados en múltiples trámites de su vida diaria, problemática que fue expuesta en sesión plenaria por la portavoz del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, María de Haro.
La consejera apoyó su afirmación en la respuesta por escrito de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias a una pregunta de la diputada Lorena Hernández Ladrador, del Grupo Popular. A propósito, el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Juan Manuel Santana, informó textualmente de que en marzo "el número de personas que esperan por el grado de discapacidad en la Palma es de 874", a las que en abril se sumaron otras 282.
De Haro manifestó a esta redacción que no se trata de "casos particulares ni aislados, sino de una situación muy preocupante a la que debemos poner freno", sobre todo porque estar sin calificar "supone un agravamiento de la problemática que viven estos ciudadanos", ya que "les impide acceder a ayudas de accesibilidad, optar a puestos de trabajo reservados para personas con un determinado grado de discapacidad e incluso les limita en algunos casos en procedimientos civiles o laborales".
La portavoz popular hizo especial hincapié en que "muchas personas ven frenada su vida por no tener esta calificación durante todo el tiempo que dura su expediente", que desde que se comienza hasta que se culmina "dura entre dos y tres años". La competencia en realidad es del Gobierno de Canarias, aunque la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma colabora en las valoraciones. "La colaboración entre administraciones me parece muy bien, es correcto y la aplaudo, pero lo que reclamamos es que se resuelva el elevado número de calificaciones que están sin resolver y que suponen un grave problema para los que se ven afectados", apuntó la portavoz de los populares.
La consejera de Asuntos Sociales, la socialista Jovita Monterrey, no se encontraba presente en la sesión plenaria, por lo que no pudo responder a la intervención del Grupo Popular. Aún así, cabe recordar que en el anterior pleno, en el que María de Haro planteó esta situación aunque sin aportar datos concretos de las personas afectadas, Monterrey sí destacó "el buen trabajo" que desde su departamento se está llevando a cabo en esta materia.