El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha dado una solución habitacional a siete familias que tuvieron que afrontar un desahucio, después de no poder hacer frente a sus compromisos de alquileres, siendo realojadas en diferentes viviendas gracias a la ayuda institucional y a la labor de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

Nunca serán tan conocidos como Samara Bermúdez. Evitaron la repercusión mediática, no quisieron fotografías, todavía hoy no desean dar a conocer sus identidades y en algunos casos sienten pudor, quizás hasta vergüenza, por lo vivido, aunque al igual que la ocupa de la vivienda en la urbanización del barranco de la Cruz de la Paloma tienen hijos y se enfrentaron al drama que siempre supone un desahucio.

La diferencia en este caso radica básicamente en que se pusieron en contacto con los Servicios Sociales y vieron cada ayuda como un salvavidas. Una oportunidad. Aceptaron la colaboración económica para el alquiler y para la alimentación. Incluso el ayuntamiento se encargó en algunos casos del traslado de los enseres. Quedaron en manos de un equipo técnico que trabaja de forma multidisciplinar para intentar superar la situación y asesorados, tratar de que puedan salir hacia delante. Sí, la angustia era la misma.

En realidad, este protocolo de actuación no difiere el que ahora el Instituto Canario de la Vivienda ofrece a Samara Bermúdez después de evitar el lanzamiento forzoso programado para esta semana por sentencia judicial. Comprobada la vulnerabilidad de la familia, se encuentra un alojamiento temporal y es tutelada para mejorar su situación de vida.

La propia directora del ICV, María del Pino de León, ha dejado claro que "será la última vez en la que se le ofrecerá una solución habitacional temporal. Si la rechaza, no nos quedará más remedio que dirigirnos al juzgado comunicando que ha rechazado las soluciones que le ofrece la administración pública". Es más, adelantó que solo podrá optar a una vivienda de protección oficial por los medios reglamentarios; es decir, al igual que otras familias sin alojamiento.

La alcaldesa, Noelia García, no quiso entrar ayer en casos concretos, aunque ratificó los datos disponibles por esta redacción: "Sí, han sido siete familias". Además, destacó la labor "de las profesionales de Servicios Sociales", informando de que "en los últimos años hemos doblado las ayudas de emergencia y somos el único o de los únicos municipios de La Palma que tiene un programa específico con Provivienda para ayudar a familias a buscar alternativa alojativa".

La adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, visitó en la mañana de ayer, con la fotografía de rigor, a Samara Bermúdez. "Desde la Adjuntía de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común se ha actuado con la competencia que nos atribuye la ley, haciendo las gestiones oportunas en materia de derechos fundamentales. Es evidente que la adjudicación de las viviendas sociales se tiene que hacer según el reglamento establecido y el baremo que se contempla en cada ayuntamiento. En este caso Samara ha ocupado esta vivienda de manera ilegal y lo reconoce. Con esta dilación del desalojo se ha ganado tiempo para poderle ofrecer nuevamente otra posibilidad para ella y su familia, cumpliendo así la labor de la Institución que represento. Para nosotros es fundamental que se puedan cumplir también los derechos del resto de familias de Los Llanos de Aridane a los que, conforme al procedimiento establecido, se les adjudique una vivienda social", ha manifestado Barrera, quien también visitó por este mismo caso a la alcaldesa, Noelia García. La edil le explicó el protocolo de actuación llevado a cabo por el área de Servicios Sociales, donde se ponen a disposición de los usuarios todos los recursos disponibles. Además recordó que "el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha multiplicado en los últimos años el presupuesto destinado a ayudas de emergencia", explicando que "la denuncia viene dada por la ocupación ilegal de un piso de titularidad pública". Y en este sentido, "se ha llevado a cabo para defender el interés general de los vecinos y que las familias susceptibles de vivir en el mismo sean valoradas por los Servicios Sociales para poder priorizar las necesidades reales". García comentó que espera que no se hagan excepciones con quien incumple la ley, y que se deje trabajar a los técnicos para que las valoraciones se hagan de forma escrupulosa en función de las circunstancias particulares de cada solicitante.