El transporte a los centros sociosanitarios de Salud Mental de Los Pedregales, en Los Llanos de Aridane, y Villaflora, en Breña Baja, ha comenzado a cubrirse con guaguas, en lugar de las ambulancias que estaban operando desde hace años, una modificación que la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de La Palma justifica "en la normalización" del colectivo afectado y para acabar "con estigmas" sociales.
Esta redacción recibió ayer la queja de una persona del entorno del servicio, al entender que era más conveniente el transporte sanitario por la posibilidad de que se produjera durante el trayecto alguna crisis entre los usuarios.
La consejera insular del área, Jovita Monterrey, reconoció el cambio que se había producido en el servicio. Sin embargo, apuntó que "los centros sociosanitarios no son hospitales, por lo que no es necesario mantener el transporte sanitario. Hicimos la consulta con el resto de los cabildos que tienen centros como nosotros y ninguno estaba utilizando ambulancias".
Monterrey explicó que "lo que queremos es normalizar la situación, normalizar que una persona con una discapacidad de Salud Mental no tenga que ir en una ambulancia. Cuando está en la calle puede igualmente coger el transporte regular y venir al centro. O para desplazarse al lugar que desee, también puede subirse en la guagua".
La consejera señaló que los usuarios de estos centros "son personas que tienen una discapacidad, en este caso de Salud Mental, y pueden y deben ir en un transporte normalizado. Otra cosa es cuando necesitan ir a un ingreso. Si algún usuario está en un proceso de desequilibrio, se llama al 112 para que venga una ambulancia al centro, lo atienden o lo trasladan como se hace en cualquiera de las residencias o Centros de Día de La Palma".
La responsable de Servicios Sociales señaló que el servicio de transporte sanitario "se ha ido manteniendo porque venía así desde hace tiempo". Sin embargo, fueron técnicos del Cabildo "los que hicieron la propuesta de normalizarlo, con un transporte en guagua y no sanitario que les distinguía por ello. Los técnicos consultaron al resto de los cabildos, analizaron la normativa y elevaron su propuesta, que me pareció bien".
De todas formas, la adjudicación del servicio se encuentra en la vía judicial, ya que la empresa saliente defiende que es un transporte que debe ser sanitario, mientras que los dos trabajadores que cubrían la ruta y que fueron despedidos sin posibilidad de subrogar sus contratos también han abierto un contencioso, con la indemnización en litigio.
A propósito, Monterrey dijo que "nosotros no tenemos relación laboral con los trabajadores. La relación contractual es con las empresas que prestan un servicio al Cabildo. Las denuncias que hayan podido existir se resolverán en los tribunales. Los juristas de Contratación presentarán las alegaciones o seguirán los pasos que se les diga desde los tribunales. Veremos qué sale de toda esta situación. Los técnicos decidieron hacerlo así y entiendo que si se hace igual en otras islas, se puede hacer". De todas formas, "cada uno tiene todo el derecho de acudir a los tribunales y pedir lo que cree que le corresponde", subrayó.
La consejera hizo hincapié en que este cambio en el transporte "se hizo por beneficio de los usuarios, que lo que piden también es que se acabe con los estigmas sobre todo con la Salud Mental y que se normaliza su vida, sus servicios y actividades".