La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) teme que la gran mayoría de las obras que sacan a concurso tanto el Cabildo de La Palma como los ayuntamientos de la Isla acaben en las mismas manos, en concreto en algunas empresas que a su juicio presentan bajas temerarias.
En concreto, la patronal de la construcción ha recibido "quejas abundantes del tejido empresarial" de este sector en la Isla precisamente "por las ofertas temerarias" de algunas empresas, una práctica "que desvirtúa la competitividad y los precios de mercado".
Fepeco solicita "un mayor control, inspección y seguimiento por parte de las administraciones, ante la posibilidad de que se estén produciendo graves irregularidades que permitan ofertar por debajo de la media, haciendo una competencia desleal a las empresas que cumplen escrupulosamente con toda la normativa vigente".
La patronal es consciente de que "estamos en una situación de mercado donde lo que prima es la productividad" y que para conseguir obra "es necesario competir con precios ajustados, y no hace falta recordar cuánto de las cargas empresariales suponen los gastos en personal y nuestras obligaciones con la Seguridad Social". Deja claro que "no hay miedo a tener competencia, el miedo es a que no todos participen con las mismas reglas".
Fepeco defiende que "cuanto menos parece contradictorio optar a una obra pública con unos precios tan a la baja y a la vez mantener una plantilla de personal moderadamente alta". Por lo que "sería deseable que se tomaran medidas para hacer un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales a las empresas adjudicatarias de obras con una importante baja económica, porque dos más dos son cuatro y no veintidós", sentencia.
Este federación recuerda lo que establece el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público, que fija que "en el expediente se justificará adecuadamente el valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen".
Al mismo tiempo, "también sería conveniente estudiar la posibilidad de que cuando en una obra pública se produjera una sanción por parte de la administración competente, relacionada con la presencia de personal en situación irregular, la empresa sea sancionada con una prohibición de contratar y no pudiera concurrir a más obra pública por un plazo de tiempo establecido", subraya.