El ayuntamiento de la capital tinerfeña deberá hacer frente al pago de 220.209,92 euros por haber ocupado un terreno de titularidad privada en La Gallega, barrio del Suroeste.

Los hechos se remontan a hace quince años, cuando la asociación benéfica y sin ánimo de lucro Refugio de la Esperanza recibió la donación de un terreno de parte de la familia Tarquis Fariña, con la encomienda de que el suelo se destinara a un proyecto social. Desde aquella fecha, la organización que en la actualidad preside y dirige Pedro Amado Queiro ha prestado ayuda a unas 150 personas, a las que ha reinsertado a la sociedad después de haberse quedado en muchos casos sin techo y trabajo.

Quince años atrás, cuando se realizó la donación, ya la asociación Refugio de la Esperanza sabía que el terreno estaba afectado por la ocupación parcial para el parque de Santa Catalina y el viario de esta zona de La Gallega. Sin embargo, transcurrieron trece años hasta que la que fuera representante de la asociación, Helga Kirbis Bruguer, advirtiera a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz en 2007 que el parque urbano había ocupado el inmueble de la asociación sin ánimo de lucro.

Después de dos años de trámites, y quince sin poder contar con el suelo que les fue donado para uso asistencial, la Gerencia de Urbanismo suscribió el pasado 25 de junio un informe de propuesta en el que se resuelve "abonar el importe de 220.209,92 euros que serán percibidos por la Asociación Refugio de la Esperanza en concepto de ocupación de un inmueble de su propiedad sito en la calle Cruz de La Gallega", tal y como resuelve la jefa del servicio y el asesor jurídico, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

El responsable de la citada asociación, Pedro Amado Queiro, explicó que desconoce en qué situación se encuentra el expediente por el cual el ayuntamiento tendrá que resarcir a su asociación por la pérdida de suelo.

Queiro explicó que su colectivo no se dedica a tratamientos de desintoxicación, sino que atiende a aquellas personas que se han quedado desvalidas. De hecho, en la actualidad la asociación benéfica presta techo, comida y formación a seis personas en sus dependencias que se encuentran junto al parque de Santa Catalina. El responsable del proyecto insiste en que su colectivo presta su apoyo de forma desinteresada, lo que llega a hipotecar la ejecución de algunas actividades por falta de recursos económicos, como sucede en la actualidad, según explicó.

Este periódico se puso en contacto con fuentes del Distrito Suroeste, quienes aseguraron desconocer la existencia de este conflicto y hasta la de la propia asociación benéfica. Desde Participación Ciudadana confirmaron que la organización Refugio de la Esperanza no consta en el registro de asociaciones que obra en poder del Gobierno canario.

En todo caso, en la resolución a la que ha tenido acceso EL DÍA se reconoce que la reclamación por la ocupación del suelo se ajusta a derecho, pues "es doctrina jurisprudencia consolidada, que en tales casos debe reconocer la ocupación dándosele trámite como si de una expropiación forzosa se tratara y consecuentemente abonar la indemnización que resultara procedente".

Este informe-propuesta reconoce la ocupación del suelo sin mediar acuerdo con los dueños y el consiguiente derecho al pago, sin ni siquiera interponer pleito.