Ciudadanos presentó a primera hora de la mañana de ayer un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo en el que pedía como medida "provisionalísima" la suspensión del pleno por "vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, que no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo que la Ley disponga". El PSC, en otro recurso similar, mantiene la misma tesis en el sentido de que ha existido una modificación sustancial de contenidos entre los documentos entregados a la oposición, una serie de defectos en tiempo y forma, similares a los que ya originaron el aplazamiento (además de la falsa amenaza de bomba) el 29 de diciembre. Pero la petición cayó en saco roto.

Al inicio de la sesión más puntual casi de la historia (empezó a las 10:18 y duró cinco horas), el alcalde, Miguel Zerolo, recalcó en varias ocasiones al secretario, Luis Prieto, si el pleno estaba legalmente constituido y el expediente completo del PGO se encontraba a disposición de los concejales, a lo cual contestó que sí. Sólo entonces el alcalde inició el pleno de aprobación y en la votación sobre suspenderlo o no ganó el seguir por 18 (CC y PP) a seis (Ciudadanos y PSC).