Para lo bueno o lo malo, Felipe Campos, incansable e indómito abogado, se ha hecho cada vez más célebre, después del polémico Carnaval de 2007, con su intervención clave en sonados casos o broncas urbanísticas. Abanderado ahora de la oposición al PGO capitalino, el contumaz letrado, incapaz de dejar indiferente, ha amplificado sus argumentos en contra del proyecto reiterando, cada vez que puede, que "da la espalda a la ley, la lógica y el interés general".

Aunque aún espera analizarlo a fondo, su estudio parcial le hace concluir que el PGO debe ser modificado y que su aprobación supone un "holocausto urbanístico" que afecta a 70.000 personas. Uno de sus argumentos más contundentes se refiere al "incumplimiento" de gran parte de los 48 reparos de la Cotmac, "que en su mayoría no se han corregido, por lo que se ha perdido el tiempo con la última información pública".

Barrancos reclasificados.- En su opinión, sólo la reclasificación de los barrancos, "algo que impide el PIOT", representa un "motivo grave de nulidad". Según sus cálculos, se trata de 1,1 millones de metros cuadrados que han pasado de ser suelo rústico de protección hidrológica a urbano, urbanizable o rústicos de distinto tipo.

La Florita.- El caso de La Florita le parece "escandaloso". A su juicio, que el 40% de las 262 viviendas, "construidas con licencia hace unos 30 años", quede fuera de ordenación "es una broma de mal gusto si -como dicen los técnicos- se trata de un error". Eso sí, cree que lo más grave es el "pelotazo, impropio del urbanismo, que ha de basarse en la igualdad, que se propiciará con la torre de 13 plantas para Celgán y la empresa de Manuel Hermoso".

Valle Tahodio.- Campos también censura las previsiones para Valle Tahodio. Cree que se parte de un convenio "claramente nulo porque no hay una contrapartida lógica, ya que se da a cambio unos riscos no edificables y una empresa pierde un aprovechamiento de 100.000 metros y muchos millones de euros hace unos años, si bien ahora se ha reducido a la mitad. Parte de ese suelo -aclara- pertenece al PIOT, que impide el uso residencial con una protección ambiental de la ladera y una económica para agricultura. El PIOT sólo permite la reclasificación cuando se trata de asentamientos urbanos preexistentes o por crecimientos endógenos del núcleo, lo que no ocurre aquí".

El Toscal.- Una de las situaciones en las que más pone énfasis es el caso de El Toscal. En su opinión, se trata de un claro ejemplo de lo "ilógico e ilegal" del PGO porque, lejos de apostar por mantener lo existente, se mima sólo a los nuevos inversores "y se deja fuera de ordenación muchos áticos con licencias anteriores a 1992. Además, y sin ningún sentido de la igualdad, a unos se les quitan los aprovechamientos y a otros se les permiten más de lo habitual, como ocurre con los números 51 y 53 de la calle San Francisco, donde se pasa de 3 a 5 plantas". El abogado censura la eliminación de parcelas protegidas y la diseminación de las zonas verdes en este núcleo.

Hispano Inglés.- El futuro del Hispano Inglés también le crea dudas. No cree que la torre de 7 plantas sea lo más adecuado para esta zona "porque rompe el equilibrio". Además, considera inadecuada la "tira" que se recibe para habilitar la plaza para la que el propietario cedió el suelo. En contraste, defiende que haya equipamientos culturales. Algo parecido ocurre con el cine Víctor. Campos rechaza que desaparezca el uso cultural y, aunque sea legal, cree que se debe aprovechar que urbanismo depende, al final, de una decisión política para mantenerlo como teatro. "Si eso supone una carga excesiva para el dueño, que se compense, pero lo que está claro es que no basta con mantener la fachada porque, como ocurrió con el cine Rex, el uso residencial colectivo puede acabar como una bolera o discoteca".

Edificio de Presidencia.- Campos llama la atención sobre las tres edificaciones de 2, 3 y 4 plantas que, "extrañamente", se dibujan en el suelo ocupado por Presidencia de la plaza Los Patos (BIC). Critica que se descatalogue la parte trasera "de la clínica" y considera que se trata de algo "muy sintomático que coincide con los rumores que circulan en la ciudad".

La Ninfa.- El caso de La Ninfa es otro de sus preferidos en cuanto a la regularización de supuestas ilegalidades. Insiste en que no se atiende a los reparos de la Cotmac y que esta construcción incumple la tipología, las alturas y el uso de oficinas. "Los propietarios estudian acudir a la Fiscalía porque, además, se está ejecutando, aparte de que ediles como Manuel Parejo y Norberto Plasencia están imputados por negarse numantinamente a cumplir la sentencia existente".

En similares términos se expresa respecto a un edificio cuyo arquitecto es un redactor del PGO. A su juicio, "y aunque sea legal", resulta "intolerable" esta cohabitación. "Las ilegalidades se salvan variando el plan", sentencia.

Respecto a Las Vistas, en el Suroeste, no concibe cómo se permite el aprovechamiento de miles de metros por valor de muchos millones de euros en una zona con 4 barrancos y desniveles superiores al 50%, lo que impide la urbanización. "También aquí están los intereses de Hermoso. Además, se ha ordenado ya para que no se necesite ni un plan parcial. Suena a pelotazo para los mismos".