La Fiscalía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha formulado una denuncia por un presunto delito de cohecho remitida al Juzgado de Instrucción Decano de Santa Cruz, para que lleve a cabo las oportunas instrucciones con relación a la denuncia que en diciembre del año pasado se formuló en relación a la situación de una trabajadora que venía desempeñando un puesto de administrativa en el Ayuntamiento de la capital, siendo contratada por el empresario Juan Antonio Lerena Sánchez, a título individual.

La Fiscalía ha llegado a la conclusión, tras practicar las diligencias, de que el presunto delito que se ha cometido en el conocido como "caso Lerena" está tipificado y penado en el artículo 420 del Código Penal. Además, fuentes cercanas al caso explicaron que al tratarse de cohecho, las acciones legales de la Fiscalía en su denuncia estarían dirigidas a representantes públicos o a funcionarios de la administración local en la que, supuestamente, se estaba produciendo la situación laboral puesta de manifiesto.

Desde el año 2003

La investigación de la Fiscalía se ha centrado en si esta trabajadora externa del Ayuntamiento estuvo cobrando su sueldo del constructor Juan Antonio Lerena Sánchez, el mismo que ha realizado unos 80 contratos en los últimos cuatro años para el consistorio, la mayoría en el Distrito de Anaga. Algunas de esas obras fueron realizadas para el Negociado de Espacios Naturales, en el que la trabajadora desarrollaba funciones de auxiliar administrativa.

El Grupo Municipal Socialista preguntó en un pleno reciente sobre esta cuestión, que coincidió con Manuel Parejo al frente de la Concejalía de Recursos Humanos hasta el 14 de marzo de 2010, quien aseguraba por escrito que ha reconocido que en noviembre de 2009 fue informado de la presencia irregular de esta trabajadora, con despacho y teléfonos propios, correo electrónico corporativo y acceso a los medios materiales y aplicaciones informáticas de la Gerencia, pese a no tener vínculo ni laboral ni estatutario con esa Administración. Esa trabajadora denunció al ayuntamiento para que la reconocieran como personal laboral indefinido, lo que consiguió mediante sentencia en febrero pasado.

Además, Parejo explicó en su respuesta que "se dieron instrucciones a efectos de que se contrastase esa denuncia, para iniciar las actuaciones procedentes", aunque aseguró que esta trabajadora nunca trabajó en Urbanismo.

Los últimos contratos firmados con el empresario, que se dedica a "otras actividades de la construcción especializada", fueron por un valor de 200.000 euros, aunque en los últimos cuatro años, la empresa de Lerena había realizado múltiples trabajos para el ayuntamiento y falta por ver si es cierto o no que se deban a la presencia de la citada trabajadora. En 2009 hay cinco operaciones pendientes de reconocimiento extrajudicial, por 115.993 euros.