La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer el reglamento municipal regulador de la distribución gratuita de alimentos en el municipio. Una iniciativa pionera en Canarias que nace con la intención de regular el reparto de alimentos, una vez que han sido detectados la proliferación de puntos de reparto realizados por todo tipo de entidades (ONG, asociaciones de vecinos o colectivos de mayores) y que requerían de un control sanitario por parte de la administración.

Los concejales de Bienestar Social y de Sanidad y Calidad Ambiental, Ignacio González (CCN) y Sheila Trujillo (PP) respectivamente, detallaron los términos de la nueva normativa que pretende dar cobertura legal a las asociaciones, a la vez que asegurar el cumplimiento de las garantías sanitarias en materia de recogida, transporte y almacenamiento de alimentos. El nuevo reglamento será refrendado en el pleno de este viernes.

De momento son nueve las entidades que ya disponen de un certificado, aún provisional, como entidades colaboradoras del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS): los colectivos vecinales 7 Islas, Cueva Roja, Siglo XXI y Timanfaya, el Ejercito de Salvación, las asociaciones de mayores San Andrés Gerontes y Acote y el colectivo Alimentos de Añaza. Sin embargo, se espera que con el paso del tiempo sean cerca de la veintena de entidades las que pasen a reunir los requisitos para ser certificadas como colaboradoras del IMAS.

Técnicos de la Concejalía de Sanidad y Calidad Ambiental han venido cursando durante los últimos meses visitas a las respectivas organizaciones que están prestando esta colaboración. Dichos encuentros han tenido por objeto dar el visto bueno a las condiciones en las que se ofrece el servicio o sugerir modificaciones para que éste se realice de acuerdo a lo que dictan las diferentes normativas en materia de distribución de alimentos. Además, el nuevo reglamento impondrá sanciones, que podrán oscilar entre los 300 y los 60.000 euros, en caso de que se incumplan las normas sanitarias.

En este sentido, el concejal titular del IMAS, Ignacio González, detalló las sospechas que existían en el seno del área ante determinadas actitudes "inmorales" que habían venido produciéndose como casos en los que se cedían gratuitamente alimentos por parte de determinadas cadenas de supermercados que luego eran revendidos o almacenados en beneficio propio. También detalló acciones bienintencionadas pero que contravenían la normativa sanitaria, como la de aquellas personas que iban a buscar alimentos en sus propios vehículos rompiendo la cadena del frío. A partir de ahora, las entidades colaboradoras deberán contar con planes de limpieza, higiene personal o formación de los manipuladores de alimentos.