LA CIUDADANÍA tinerfeña no es consciente de lo mucho que nos falta en materia de vivienda para que en la isla sea normal lo que es normal en los Estados europeos que poseen una renta por habitante similar a la nuestra.

No somos conscientes de lo mucho que nos falta en vivienda porque nuestros políticos nos dicen que hacen mucho y, además, nos cuelan como información su propaganda. Veinte actos de entrega de llaves de viviendas de protección oficial, debidamente publicitados, sirven para ocultar las graves deficiencias de la política de vivienda.

La realidad es muy distinta de la propaganda habitual. Por ejemplo, para 2008 estaba previsto alcanzar en toda Canarias la cifra de 4.165 viviendas públicas en régimen de alquiler, es decir, dos viviendas públicas en alquiler por cada mil habitantes. Sin embargo, en la Unión Europea de los Quince hay ochenta por cada mil habitantes. Esto quiere decir que, si Tenerife estuviera en la media europea, tendría más de 65.000 viviendas públicas en régimen de alquiler. O sea, nos faltan 65.000 viviendas para que aquí sea normal lo que es normal en la UE.

Por supuesto, tal volumen de vivienda pública en alquiler garantizaría el acceso a la vivienda a quienes menos tienen y a los jóvenes. La existencia de tal parque de vivienda pública frenaría la especulación y permitiría a los hogares gastar menos en vivienda y más en otras cosas, y, de ese modo, se incentivarían aspectos más sostenibles de nuestra economía.

Pero es que, además, la política de vivienda de Canarias tampoco puede competir con la deficiente política de vivienda pública del Estado. Canarias tiene el 4,5% de la población de España, pero solo el 2,1% de las viviendas de protección oficial (VPO) existentes en el país. De modo que vivir en un territorio gobernado por las administraciones canarias significa tener la mitad de posibilidades de acceder a una VPO que en el resto del Estado.

Para estar en la media estatal habría que sumar a las 60.697 VPO de Canarias otras 60.000 nuevas VPO (en el Archipiélago el 5,9% de las viviendas son de protección oficial y en el Estado el 11,15%). La materialización del derecho constitucional a la vivienda parece implicar que en Canarias se aplica una Constitución distinta a la del Estado.

Los datos son tozudos y certifican el fracaso y la insensibilidad social de quienes han estado gobernando en las Islas. Ante este panorama, desde Por Tenerife (Izquierda Unida, Los Verdes, Socialistas por Tenerife) proponemos crear, a través del Cabildo, un parque de vivienda pública en alquiler para garantizar el derecho a un techo digno a quienes más lo necesitan, sin que ello suponga una merma desproporcionada de los ingresos del hogar. Se trataría de adquirir pisos ya existentes y crear una oficina de gestión, rehabilitación y mantenimiento para, en unas cuantas legislaturas, disponer de una auténtica política de vivienda en Tenerife.