El juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife, que lleva el caso "mamotreto", el polémico edificio de aparcamientos habilitado junto a la playa de Las Teresitas, dictó el pasado día 16 una diligencia por la que certifica que, dado que el Ayuntamiento capitalino no ha presentado recursos contra la sentencia del 12 de mayo pasado, que ratificaba el derribo del inmueble, el fallo judicial se convirtió en firme desde el pasado martes al cumplirse el plazo otorgado.

La citada sentencia del 12 de mayo, que rubrica el magistrado Francisco Plata, rechaza el recurso contencioso administrativo presentado por el exalcalde Miguel Zerolo y los otros 10 concejales de CC contra el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, además, contra el Grupo Municipal Socialista. Los miembros de CC solicitaban que se declarase "no conforme a derecho el acuerdo de 18 de septiembre de 2009", moción que apostaba por el derribo del "mamotreto" y que fue aprobada debido a que Zerolo carecía en aquel momento de la mayoría absoluta tras romper meses antes su pacto de gobierno con el PP.

Ese acuerdo fue promovido por el ahora concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSC), con lo que, en virtud de lo que se ha anunciado desde la firma del pacto entre socialistas y CC, todo indica que se dará cumplimiento al fallo que ratificaba la demolición. Martín confirmó ayer, en declaraciones a EL DÍA, la nueva situación y la búsqueda del cumplimiento de la cláusula incluida en el pacto de gobierno que deja claro que se procederá al derribo del edificio.

La sentencia que ahora ha logrado el estatus de firme considera válido ese acuerdo plenario, si bien matiza que se incluía en la parte declarativa del pleno y no en la resolutiva. En esta parte resolutiva entran las cuestiones que deben ser objeto de un acuerdo "finalizador de un procedimiento administrativo". Por ello, y para considerarlo resolutivo, el acuerdo debe contar con los preceptivos informes técnicos. De ahí se sigue que un acuerdo tomado dentro de la parte declarativa se considera una "declaración de política general" y, por ello, el que respaldaba el derribo "no tiene naturaleza de acto resolutorio, ni prejuzga el resultado de aquellos procedimientos que habrán de instruirse por efecto de la voluntad política.

La nueva situación hace que el ayuntamiento deba ahora iniciar el procedimiento administrativo para cumplir con ese acuerdo ratificado en su día por el juez.

En junio de 2010, el PSC, que lideraba entonces José Manuel Corrales, recurrió un auto que suspendía cautelarmente el acuerdo plenario para el derribo. Ayer, Corrales, ya como edil de la coalición Socialistas por Tenerife-IU-Verdes, exigió el inmediato cumplimiento del fallo en firme.

En su argumentario de hace un año, los socialistas recordaban que el edificio "es propiedad del consistorio, que se encuentra en sus primeras fases de construcción, por lo que actualmente no tiene ningún uso; que las obras se han parado por el incumplimiento de los mínimos requisitos legales para su construcción y que, además, no se trata de un edificio de viviendas en las que pudiera haber compradores sobre plano que pudieran verse perjudicados".

Dominio público

Sobre este inmueble, además, hay otra causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife con el fin de determinar si en la autorización para el inicio de las obras se cometió un supuesto delito de prevaricación, ya que el edificio, al parecer, invade dominio público de Costas, una causa por la que están imputados tres ediles de CC del anterior mandato.

Corrales reclama al gobierno municipal que resuelva cuanto antes el procedimiento administrativo, cumpliendo así el pacto. Además, pide precisamente que se haga público ya el acuerdo íntegro entre CC-PSC, que se cumpla la sentencia de Las Teresitas y que la rectificación del PGO se tramite por la vía de urgencia.

URBANISMO

Destituyen a Víctor Reyes

Ayer también saltaba otra noticia de gran relieve en el urbanismo local. Víctor Reyes, técnico municipal, arquitecto y “alma mater” de gran parte de las decisiones más polémicas de los últimos años, como la de Las Teresitas (por la que está imputado), el propio “mamotreto”, el PGO y el “fuera de ordenación”, fue destituido por el gobierno.El edil de Urbanismo, José Ángel Martín, se limitó a justificar la medida por la “búsqueda de mayor operatividad” en el área.