El concejal de Planificación Territorial, Urbanismo y Sanidad de Santa Cruz de Tenerife, el socialista José Ángel Martín, remitió ayer un escrito a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para solicitarle la remisión del PGO de la capital y la ampliación del plazo para su conclusión hasta el máximo legal establecido y sin que se desapruebe por silencio negativo.

Con esta iniciativa, el edil pretende "atender los requerimientos a subsanar referidos en el informe por la Cotmac e introducir todas aquellas modificaciones atendiendo al interés general". Martín fue más allá y recalcó que, "con esta solicitud, el equipo de gobierno da los primeros pasos para cumplir el compromiso de pacificar el PGO, acuerdo contenido en el pacto de gobierno de la ciudad" entre CC y PSC. "Era indispensable -asegura- poder volver a trabajar en el documento".

En su reunión del pasado 8 de junio, la Cotmac decidió dar un plazo de 15 días para subsanar las cuestiones observadas en el Dictamen de la Ponencia Técnica Occidental del 3 de junio. Ese acuerdo le fue remitido a la Concejalía y a la Gerencia de Urbanismo el pasado día 15. Sin embargo, Martín considera que el plazo es "insuficiente, tanto para corregir las cuestiones observadas como para introducir las modificaciones que el nuevo gobierno considere necesarias por razones de interés de los vecinos".

Cumplir el pacto

El pacto presenta el PGO como una herramienta "fundamental para el desarrollo económico y social", pero lamenta que su tramitación haya generado "incertidumbre y un visible grado de contestación". Por eso, se busca su mejora y rectificación y se anuncian los acuerdos necesarios en el menor tiempo posible, entre los que se encuentra esta solicitud a la Cotmac.

Asimismo, existe el compromiso de impulsar de inmediato "todos los instrumentos urbanísticos legales y de planeamiento de desarrollo, como el plan especial del puerto, para alcanzar una solución definitiva en un plazo máximo de 18 meses".

Sobre el fuera de ordenación, se impulsarán las modificaciones legales oportunas (autonómicas y estatales) para garantizar los derechos patrimoniales que den tranquilidad, así como un catálogo de edificios. Y todo, sin que venzan los 4 meses para no empezar de nuevo.