El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer acelerar de manera urgente los trámites para la recuperación de los 53 millones de euros, ejecutando así la sentencia del Tribunal Supremo sobre la playa de Las Teresitas de fecha de 3 mayo de 2007, que entendía contraria a derecho la compraventa del frente de playa. La moción, llevada al pleno por la coalición Por Tenerife (XTF), contó con el apoyo unánime de todos los representantes políticos.
Esta moción, junto a un punto del orden del día llevado por el grupo de Gobierno, relativo a la determinación de retribuciones del personal eventual, y otra moción propuesta por el PP para poner solución a la figura del "fuera de ordenación" del PGO, a través de la supresión de un artículo de la Ley del Ordenación del Territorio, se convirtieron en los puntos más destacados de un total de 34 asuntos a tratar en una sesión que se prolongó durante 6 horas y 45 minutos sin receso y que registró varias incidencias por parte del público asistente.
Caso Las Teresitas.- Con respecto al caso Las Teresitas, José Manuel Corrales (PTF) se hizo fuerte con el debate de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidaba la compraventa del frente de playa de Las Teresitas por 53 millones. Sobre ello, el exsocialista afirmó que se había cometido una "tremenda ilegalidad" y señaló que "con esos 53 millones se puede dar una ayuda de 500 euros a 10.000 tinerfeños durante un año", unas palabras más dirigidas al público que a los propios concejales.
Este discurso propició alguna sonrisa cómplice entre la bancada CC-PSOE, pero no obstante, y tras pronunciarse el resto de fuerzas políticas, el concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, apoyó sin fisura la idea principal: "No solo estamos de acuerdo con la ejecución de la sentencia, sino que aceleraremos los trámites para hacer efectiva la devolución de los 53 millones" y calificó de "urgente" esta medida. Por otra parte, reclamó a los presentes "máxima cautela" para "no dar pistas" a partir de ahora a los abogados que defiendan las tesis contrarias (los de los empresarios implicados).
Al final, de manera unánime se aprobó hacer todo lo posible para que de manera urgente se ejecute la sentencia de devolución de los 53 millones, "lo que significaría una gran alegría para Alberto (Bernabé, concejal de Hacienda) y para el resto de los ciudadanos".
Retribuciones.- Otro de los asuntos que provocaron discusión fue el referido a las retribuciones del personal eventual de la Corporación local. En este sentido, la oposición en bloque criticó abiertamente que el equipo de Gobierno les entregara en la comisión informativa una propuesta con una asignación para el jefe de Gabinete y la jefa de Prensa del Ayuntamiento que no se correspondía con lo llevado a pleno.
En este sentido, el jefe de Gabinete pasaba de cobrar algo más de 52.000 a 62.000 euros, mientras que la cabeza visible de prensa de 43.000 a otros 62.000 euros "equiparándolos a directores generales", justificó el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé. Todos los grupos le hicieron saber que no estaba justificado el cambio de cifras "ya que en la comisión informativa se llevó otra documentación", explicó el popular Manuel Fernández quien aseguró además, que "se está pagando la bicefalia existente en el Ayuntamiento" por tener que pagarse a dos jefes de gabinete.
Fernández señaló que esta política va en contra de la austeridad "que ustedes están vendiendo" y que no puede ser que "un jefe de Gabinete cobre más que un concejal".
Bernabé se limitó a responder a los ataques enfantizando la idea de que en general se ha logrado "un ahorro en personal eventual, corporativo y órganos directivos de 2,2 millones de euros" y que el número de personal eventual "se ha reducido de 68 a 38". Al final, con el apoyo de los socialistas, CC sacó este punto del orden del día.
"Fuera de ordenación".- Una moción del popular Pablo Matos relativa a buscar solución a la figura de "fuera de ordenación" del PGO suscitó airadas discusiones, ya que la propuesta de Matos iba dirigida a la supresión del artículo 34-c del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, "lo que supondría liberar al PGO de esta figura que tanta polémica está trayendo".
Sobre ello, todos los grupos políticos mostraron su rechazo dirigiendo el discurso a que "el fuera de ordenación se tiene que saldar por la modificación del propio PGO y que se devuelva a los ciudadanos el derecho que se les usurpó", tal y como señaló el portavoz de Ciudadanos Guillermo Guigou.