El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado día 3 de este mes un decreto en el que fija una serie de instrucciones y recomendaciones con el fin de garantizar la accesibilidad de los proyectos y obras municipales mediante el control estricto del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad, aprobada en abril de 1995 por el Parlamento regional (Ley Canaria de Accesibilidad) y desarrollada en 1997 con un reglamento que, pese a muchos incumplimientos y lagunas, ha supuesto un gran avance en la paulatina consecución de espacios accesibles y de eliminación de barreras de la comunicación.

Las instrucciones del alcalde van dirigidas a los titulares y responsables de los órganos, unidades y organismo municipales que tienen encomendada la emisión de informes de asesoramiento, fiscalización y control.

El decreto obliga, de forma ineludible, a incorporar a los pliegos de prescripciones técnicas que rijan los procedimientos para la contratación respecto a proyectos proyectos de ejecución una cláusula específica sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. Así, se exigirá la presentación "obligatoria, como parte integrante del proyecto básico o de ejecución, de un anexo justificativo del cumplimiento de esta normativa".

Con ese documento añadido se pretende que los técnicos redactores de los proyectos tengan en cuenta la ley y supervisen sus propias iniciativas, garantizándose así el cumplimiento efectivo de la citada normativa en todas las obras promovidas por la corporación municipal.

También se ha de presentar una memoria justificativa de la normativa que describa, detalle y justifique los artículos y normas a los que está sujeta la intervención. Además, se pedirá documentación gráfica, con planos de plantas, alzados, secciones, detalles constructivos y cuenta información se crea necesaria para la "adecuada comprobación y justificación del cumplimiento de las citadas normas". En este apartado se señalarán e identificarán los requerimientos tenidos en cuenta, indicándose "cotas, ámbitos, dimensiones en cambios de dirección, alturas, tipos de pavimentos, pendientes y otros aspectos técnicos de acuerdo a la normativa".

Respecto a los proyectos técnicos de ejecución y obras cuyo presupuesto sea superior a 300.000 euros, se recomienda, en aras a garantizar su accesibilidad, que los titulares y responsables de los órganos, unidades y organismos municipales gestores que procedan a solicitar un informe técnico sobre el cumplimiento de la normativa al Área de Accesibilidad adscrito a la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad o a otras entidades o fundaciones "cuyo objeto social mantenga una relación directa con la promoción de la accesibilidad de los discapacitados a espacios y construcciones".

El decreto ya se ha difundido entre todos los departamentos municipales y se ha publicado en internet para facilitar su acceso a todos los interesados.

La iniciativa se contextualiza en las medidas desarrolladas desde principios de mandato para mejorar la accesibilidad y en la moción de Sí Se Puede, aprobada en el último pleno, que busca no sólo el desarrollo de un plan que termine con todas las barreras físicas y de la comunicación aún existentes en múltiples lugares públicos de la ciudad, sino que se cumpla con la ley de dependencia.

En este sentido, y también ligado a esa moción apoyada por unanimidad, el alcalde anuncia que, seguramente en el próximo pleno local, ya se contará con intérpretes del lenguaje de signos para que las personas con problemas auditivos puedan saber cómo se desarrolla la sesión, iniciativa a extender a otros eventos y servicios públicos.