El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene censados en la actualidad un total de 36.665 perros, de los cuales 1586 corresponden a razas potencialmente peligrosas, según datos facilitados por el Registro Canario en coordinación con el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Veterinarios de Canarias.

En la actualidad, el Consistorio capitalino a través del área de Medioambiente que dirige el primer teniente de alcalde, Julio Pérez, mantiene activa la colaboración de trabajo con el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz, así como el convenio con la Perrera Comarcal Valle Colino.

Esto le permite llevar un control exhaustivo del censo de los animales y en concreto de los perros potencialmente peligrosos, así como el cumplimiento de las exigencias legales pertinentes.

El concejal de Medioambiente, Julio Pérez, recordó en un comunicado que todos los ciudadanos que posean un perro cuya raza sea potencialmente peligrosa están obligados de por ley a la obtención de una licencia administrativa que otorga el propio Ayuntamiento de Santa Cruz.

Explicó que es indispensable formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 150.253 euros anuales.

En este sentido, desde el Servicio de Control y Gestión Medioambiental indicaron que los perros potencialmente peligrosos son aquellos que pertenezcan a una de las razas siguientes o a sus cruces: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, así como las razas que determine específicamente el Gobierno, además de las señaladas, como es el caso del Presa Canario.

Asimismo, aclararon que aunque no se encuentren incluidos en esta lista, serán considerados como perros potencialmente peligrosos, aquellos que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales, los perros que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa, así como los que pertenecen a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policías de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial.

Otro de los aspectos que se destaca es que los propietarios de animales causantes de lesiones, están obligados a facilitar a la autoridad municipal competente la documentación necesaria, tanto del animal agresor como del propietario, al objeto de facilitar los controles pertinentes, sanitarios y administrativos.

Además, las personas agredidas darán cuenta inmediatamente de ello a la autoridad competente municipal.

Julio Pérez resaltó que la tenencia de perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia se considera una infracción muy grave y conlleva una sanción que puede ir desde los 2.404,06 euros hasta los 15.025,3.